Fernando Román, exnúmero 2 de Alberto Ruiz Gallardón cuando éste era ministro de Justicia, podría no ser nombrado magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Una reciente sentencia de la Sección Primera, que preside Luis Díez-Picazo –nuevo presidente de dicha Sala-, podría obligar a excluirlo como candidato por no cumplir los requisitos exigidos.
De acuerdo con la convocatoria publicada el pasado 29 de octubre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la plaza a la que opta Fernando Román es la del magistrado Manuel Campos Sánchez-Bordona, que se ha marchado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de Luxemburgo.
Es una plaza de especialista en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Y exige “haber prestado al menos cinco años de servicios en la categoría de magistrado y quince en la carrera judicial”.
Según la sentencia del Tribunal Supremo 4783/2015, de fecha 6 de noviembre de 2015, de la que ha sido ponente el magistrado Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, las funciones que se desarrollan en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, donde Román prestó servicios como jefe entre noviembre de 2004 y diciembre de 2011, no pueden computarse como “ejercicio de la potestad jurisdiccional en el sentido estricto de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, conforme al artículo 117.3 de la Constitución”.
Tampoco el tiempo que ejerció como secretario de Estado de Justicia, entre diciembre de 2011 y septiembre de 2014: “El Ministerio de Justicia no es un órgano jurisdiccional ni pertenece a ninguno de los órdenes jurisdiccionales”, dice la misma sentencia, que resolvía un recurso de una magistrada contra la adjudicación de un destino a otro juez que requería la especialidad en lo contencioso-administrativo.
Ambas partes reunían condiciones similares a las de Fernando Román.
La mujer había prestado sus servicios en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Y el hombre había sido asesor del secretario de Estado de Justicia.
La sentencia de Rodríguez-Zapata, que pertenece a la misma Sección de la que es presidente Luis Díez-Picazo, dice que “no son computables los servicios prestados en el Ministerio de Justicia y en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo”.
Por medio de la misma, finalmente se anuló la adjudicación del destino realizada con anterioridad por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
De aplicarse esa misma interpretación a éste caso, Román podría no cumplir los requisitos para ser magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo porque no tendría los 15 años en la carrera judicial, exigidos por la convocatoria del BOE.
Según esos parámetros, su antigüedad en la carrera judicial sería de poco más de 8 años y medio, si no se computan como tales los 13 años que pasó, primero, como letrado del Consejo General del Poder Judicial, segundo, como director del Gabinete Técnico del órgano de gobierno de los jueces, tercero como jefe del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo y, cuarto, como secretario de Estado de Justicia.
Ninguno de esos puestos tenían naturaleza jurisdiccional. Durante ese tiempo que estuvo en la situación de “servicios especiales”.
De hacerse realidad la interpretación análoga de su situación, supondría un serio revés para el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que apoya sin matices su candidatura.
TRAYECTORIA
Román, actualmente destinado como magistrado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, aprobó las oposiciones a fiscal y a juez en 1987.
Ejerció como juez durante unos meses, pero se pasó a la carrera fiscal hasta 1993. En esa fecha, aprobó la oposición restringida para jueces y magistrados para convertirse en magistrado especialista del “orden jurisdiccional contencioso-administrativo”.
Entre 1993 y 1999 estuvo en varios destinos. Hasta que en marzo de 2002, fue nombrado director del Gabinete Técnico del CGPJ. En septiembre de 2003 regresó al servicio activo, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Hasta noviembre de 2004, en que fue nombrado por el CGPJ, jefe del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, donde sirvió con los presidentes Francisco Hernando, Carlos Dívar y Gonzalo Moliner.
Desde diciembre de 2011 y septiembre de 2014 fue secretario de Estado de Justicia con el ministro del ramo, Alberto Ruiz Gallardón.
Tras acabar su andadura política, regresó a su destino.
Su candidatura a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo apenas 14 meses después de dejar el Gobierno ha levantado ciertas críticas por ser un caso evidente de «puertas giratorias» en la Justicia.