El juez José de la Mata ha archivado una denuncia de la Fiscalía contra el Ayuntamiento de San Cugat del Vallés (Barcelona) por delitos de rebelión y sedición por haber aprobado una moción de apoyo a la resolución independentista del Parlament catalán, anulada por el Tribunal Constitucional.
El magistrado de la Audiencia Nacional entiende en su auto que la Constitución consagra «la más amplia libertad para la exposición y defensa públicas de cualesquiera concepciones ideológicas, incluyendo las que pretendan para una determinada colectividad la condición de comunidad nacional».
Sin embargo, en el auto de archivo, De la Mata recuerda que los hechos objeto de la denuncia supuestamente se produjeron justo después de la suspensión de la Resolución 1/XI por el Tribunal Constitucional, pero “desde luego” antes de que se dictara la sentencia sobre el fondo del asunto que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución parlamentaria.
El pleno de San Cugat aprobó esta moción antes de que el pasado 2 de diciembre el Tribunal Constitucional declarara la ilegalidad de la resolución independentista del Parlament y «no existía un mandato general a las autoridades y servidores públicos de abstención de opinar o posicionarse ideológicamente».
El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 llega a la conclusión, en primer lugar, de que el Tribunal Constitucional, en su providencia del pasado 11 de noviembre, no certificó la ilegalidad de la Resolución 1/XI ni se pronunció sobre la misma, sino que se limitó a suspenderla por disposición automática de la Constitución y de la Ley.
En segundo lugar, apunta que la suspensión por el TC de la Resolución no se derivó en un mandato u orden general que impidiera referirse a la misma, opinar, pronunciarse o “eventualmente apoyarla”, sino que se militó a cursar una orden específica a un número determinado de personas, perfectamente identificadas por tratarse de quienes, “probablemente” por las posiciones que ocupaban, tenían la capacidad de impulsar iniciativas que pudieran suponer ignorar o eludir la suspensión, comunicación que no se extendió a todos los parlamentarios.
Se trata de una de las cinco denuncias que formuló la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra cinco ayuntamientos catalanes por haber aprobado la resolución independentista: Sant Cugat del Vallés (Barcelona), Igualada (Barcelona), Celrá (Girona) y La Seu d’Urgell (Lleida).
Aunque, de momento, solo han abierto diligencias para investigar estos hechos denunciados por la Fiscalía los jueces de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y Fernando Andreu con respecto a los Ayuntamientos de Celrá (Girona) y La Seu d’ Urgell, respectivamente.