El Arzobispado de Granada, responsable civil subsidiario en el caso Romanones, sobre abusos sexuales
Antonio Moreno, magistrado juez del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, competente en el «caso Romanones» -sobre supuestos abusos sexuales a un menor por parte del sacerdote Román Martínez- ha dado tres días de plazo al Arzobispado de Granada para que se persone en la causa como responsable civil subsidiario.
El Arzobispado tendrá así que personarse con su propio abogado y procurador en los próximos días porque, de no hacerlo, éstos les serán desginados de oficio. Además, deberá prestar una fianza como responsable civil subsidiario con «apercibimientos legales en caso de no verificarlo».
El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada acogió el pasado viernes la declaración indagatoria del padre Román como paso previo antes de dar por concluido el sumario y remitir el expediente a la Audiencia Provincial de Granada, que será la encargada de dictar la apertura de juicio oral.
El padre Román Martínez manifestó entonces su disconformidad con el auto que le procesa por un delito de abuso sexual continuado con prevalimiento, castigado con pena de prisión de cuatro a diez años, y sostuvo que nunca se «exhibió desnudo» ante el denunciante.
Su declaración indagatoria se produjo días después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada procesara al único imputado por un supuesto delito de abuso sexual continuado con prevalimiento, al considerar que existen indicios racionales de criminalidad en su conducta contra el denunciante de los hechos cuando éste era menor de edad.
En el mismo auto de procesamiento requería al procesado que prestase fianza de 50.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse en la causa y prorrogaba por un plazo de seis meses la medida cautelar de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de la «víctima».
El magistrado estimaba corroborados los «iniciales indiciarios hechos» por los que se inició el procedimiento, a raíz de la denuncia que el 14 de octubre de 2014 presentó la víctima ante la Fiscalía de Granada exponiendo haber sufrido «continuados o permanentes abusos sexuales por parte de un grupo de sacerdotes incardinados en la Diócesis de Granada», desde el año 2004, cuando tenía 14 años y hasta 2007 cuando ya contaba con 17 años.
El pasado mes de septiembre, la Audiencia de Granada declaró prescritos los delitos que se le atribuían a once de las doce personas que fueron inicialmente imputadas, diez sacerdotes y dos laicos, confirmando que la causa sólo debía continuar contra el padre Román Martínez, considerado el líder del grupo.
CARTA AL PAPA
El caso se hizo público el pasado mes de noviembre, cuando fueron detenidos el sacerdote Román Martínez, dos sacerdotes más y un profesor de Religión, que sin embargo quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban imputadas inicialmente un total de doce personas.
Todo se precipitó después de que un joven, que hoy tiene 24 años, comunicara por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo.
Tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer ‘ipso facto’ denuncia contra todos los afectados.
El Papa se pronunció también coincidiendo con la salida a la luz de esos supuestos abusos en un vuelo de regreso a Roma tras su discurso en el Parlamento Europeo en el que señaló que «la verdad es la verdad» y «no debe esconderse».
El ‘caso Romanones’ también provocó una imagen inédita del arzobispo de Granada, Javier Martínez, que se postró en el suelo ante el Altar Mayor de la Catedral para pedir perdón por los «escándalos» que afectaban entonces a la Iglesia. EP.
