El CGPJ ha remitido al Juzgado de Granada que investiga la muerte del montañero José Antonio Martínez Jiménez, fallecido en abril en la cordillera del Atlas de Marruecos junto a un compañero, la queja por las «dilaciones e inhibiciones» en esta causa presentada por el despacho de abogados de Baltasar Garzón.
En el escrito, que el despacho Ilocad dirigió al Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de los jueces, se exponen los avatares que la familia ha tenido que padecer desde que presentó denuncia el 3 de abril por la desaparición de Martínez Jiménez ante la Comisaría de la Policía Nacional de Granada.
Este bufete ha informado en un comunicado de que el Juzgado de Instrucción 2 de Granada incoó las diligencias previas y que, desde entonces hasta ahora, diferentes órganos como los Juzgados de Instrucción 12 y 7 de Granada y el de Instrucción 12 de San Fernando (Cádiz) «no han avanzado» en la práctica de diligencias.
El 2 de julio se notificó a la familia el resultado del informe definitivo de autopsia practicado por el Instituto de Medicina Legal de Granada, en el que se determinaba que el fallecimiento de José Antonio Martínez Jiménez fue «muerte violenta» por «síndrome asfíctico», como consecuencia de «asfixia mecánica por sumersión y compromiso respiratorio».
Según el despacho que dirige Baltasar Garzón, ese documento «contradice abiertamente» el informe forense hecho el 8 de abril en Marruecos, en el que se había determinado un golpe en el cráneo unido a la hipotermia como causa de la muerte.
La «polarización del procedimiento» ocasiona a la familia de José Antonio Martínez Jiménez una absoluta indefensión, ha advertido este despacho, al haberse solicitado en mayo la práctica de una serie de diligencias de prueba sin que hasta la fecha se haya practicado averiguación alguna, lo que lleva al desconocimiento a día de hoy de las circunstancias en las que murió.
Se denuncia por tanto que, seis meses después, ninguno de los juzgados implicados haya llevado a cabo ninguna averiguación sobre la muerte y la identificación de los posibles culpables, lo que provoca una «absoluta incertidumbre» e «indefensión jurídica».
Todo ello, ha añadido, ante un «entramado de conflictos de competencia» que en cualquier caso «obstaculizan el derecho de acceso a la justicia«.
A lo anterior se une que los recursos presentados por la representación procesal ni siquiera son resueltos, por lo que desde el despacho de Garzón insisten en que se está produciendo una «desatención absoluta» al derecho a la tutela judicial efectiva.
El escrito señala que, en este caso, tiene lugar una «revictimización» por la acción del poder judicial que, lejos de tutelar sus derechos, someten a la familia a una «situación que agrava su duelo».