Las cuatro asociaciones de jueces piden a la clase política, con una sola voz, un Pacto de Estado por la Justicia
Las cuatro asociaciones de jueces -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)- han formado un frente unido por primera vez desde 2008. Piden a la clase política un Pacto de Estado por la Justicia y proponen 8 medidas más para mejorar la situación actual.
CARLOS BERBELL Y YOLANDA RODRÍGUEZ.
El lugar elegido para dar esta rueda de prensa histórica fue el Colegio de Abogados de Madrid, que antes les había cedido una sala para forjar el acuerdo-programa o la plataforma programática dirigida a aquellos llamados a gobernar nuestro país después de que la soberanía popular se haya pronunciado en las elecciones del próximo 20 de diciembre, domingo.
Entre los cuatro jueces se podían sentir las buenas vibraciones personales nada más entrar. La reciente elección de Manuel Almenar, como presidente de la APM, ha cambiado de forma radical la enrarecida atmósfera preexistente.
Hay un entendimiento pleno entre Raimundo Prado, portavoz de la AJFV, Joaquím Bosh, portavoz de JpD, Conrado Gallardo, presidente y portavoz de FJI, y Almenar, que llevó, en un principio la voz cantante.
[[{«type»:»media»,»view_mode»:»media_large»,»fid»:»35693″,»attributes»:{«alt»:»»,»class»:»media-image»,»height»:»322″,»typeof»:»foaf:Image»,»width»:»480″}}]]
«Las asociaciones judiciales nos hemos dado cuenta de que, separados, no vamos a ningún lado», afirmó Prado.
Traducido: la unión hace la fuerza.
Almenar subrayó, lo primero de todo, que «en los criterios fundamentales estamos de acuerdo. Pensar diferente no nos convierte en adversarios. Al contrario, nos enriquece».
A continuación, comenzó a desgranar las nueve medidas que proponen para la nueva Legislatura que comenzará en unas semanas.
La primera de todas es la necesidad de un Pacto de Estado por la Justicia.
«Hay que extraer a la Justicia de la arena política y establecer unas líneas de consenso para garantizar un poder judicial independiente y una Administración de Justicia eficaz», afirmó Almenar. «Los políticos deberían orillar sus diferencias y apostar por la Justicia. Convertirla en una prioridad, como la Educación y la Sanidad. Para que funcione con la misma eficacia que la Agencia Tributaria».
Para Bosch es preocupante que la «Justicia no haya sido un elemento central en los debates electorales. Ha estado ausente». Y Gallardo remachó que «no puede haber existir un Estado de derecho sin una justicia independiente y eficaz».
El segundo punto propuesto es un nuevo modelo de carrera judicial y de organización territorial y funcional de la Administración de Justicia.
Para las asociaciones judiciales es necesario diseñar un nuevo modelo organizativo, revisar el sistema de categorías profesionales para facilitar y estimular la promoción profesional e implantar los tribunales de instancia en primera línea, entre otras medidas.
UN HOMBRE UN VOTO
La implantación de mecanismos que fortalezcan la credibilidad de la Justicia y la confianza de los ciudadanos en los tribunales, fue el tercer punto abordado. Para las asociaciones de jueces, «uno de los problemas principales es la apariencia de politización de la justicia».
«Es un cliché, no responde a la verdad pero hay que reconocer que ha calado entre la ciudadanía», explicó Almenar. «Una de las causas es el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Las cuatro asociaciones apostamos porque sean los miembros de la carrera judicial los que elijan directamente a sus 12 representantes en su órgano de gobierno y no como ahora, que los elige el Parlamento. También apostamos porque todos sus miembros tengan dedicación plena».
Fue la primera vez en la historia reciente de la justicia española que todas las asociaciones se pronuncian públicamente, de forma clara y sin ambajes, por ese tipo de elección.
Bosch explicó que JpD había cambiado, en efecto, su punto de vista.
En línea con las indicaciones del Consejo de Europa. «En Italia, los miembros de procedencia judicial del Consejo de la Magistratura, que es como se denominan allí a su Consejo del Poder Judicial, son elegidos de esta forma. Nos parece la más apropiada porque asegura la independencia judicial. Las circunstancias son diferentes a las de 1985. Y sí, hemos dado un giro de 180 grados a nuestros planteamientos en esto».
[[{«type»:»media»,»view_mode»:»media_large»,»fid»:»35690″,»attributes»:{«alt»:»»,»class»:»media-image»,»height»:»325″,»typeof»:»foaf:Image»,»width»:»480″}}]]
«Queremos que el CGPJ se despolitice, sí, pero también que no haya miembros de primera y de segunda, unos con dedicación plena y otros sin ella», remachó el portavoz de JpD.
Las cuatro asociaciones también cogieron el toro por los cuernos al establecer, como cuarto punto, la redefinición y coordinación del régimen de competencias en materia de Administración de Justicia. Casi nada.
Describieron el actual estado de cosas de la Administración de Justicia «troceada» en trece partes diferentes: 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas, territorio Ministerio, que administra 5 Comunidades Autónomas y el CGPJ, que se ocupa de la carrera judicial. Además, los letrados de la Administración de Justicia (exsecretarios judiciales) dependen directamente del Ministerio, sin olvidar la Fiscalía General del Estado.
Los representantes de las asociaciones de jueces vinieron a ratificar lo que una reciente encuesta del CGPJ dejó claro: el sistema no funciona bien y la insatisfacción está extendida.
Por eso, llaman a afrontar el problema, y a redefinir y clarificar el sistema de competencias. «Así como asegurar la debida coordinación entre las Administraciones estatal y autonómica, de forma que se trabaje en la misma dirección», dice el documento.
[[{«type»:»media»,»view_mode»:»media_large»,»fid»:»35691″,»attributes»:{«alt»:»»,»class»:»media-image»,»height»:»306″,»typeof»:»foaf:Image»,»width»:»480″}}]]
Según Gallardo, «lo lógico es que toda la Administración de Justicia se centralizara en un sólo órgano, pero sabiendo que esto es muy difícil hoy por hoy, hay que racionalizar el actual estado de cosas».
LA MADRE DEL CORDERO
El Plan de inversión económica. Para las cuatro asociaciones, esta es la madre del cordero. El Pacto de Estado tendría que asegurar las inversiones necesarias para modernizar de una vez por todas la Justicia. Un Pacto de Estado no para una legislatura sino para varias. «El plan de inversiones tendría que estar distribuido a lo largo de varias legislaturas. Eso permitiría dotar a la Justicia de los medios imprescindibles que necesita para asegurar que sea ágil, eficaz y de calidad», contó Almenar.
Los representantes de los jueces, por otra parte, también consideran necesario un Plan de ampliación de la planta judicial garantizado. A medio y a largo plazo. Para que España esté en un ratio de jueces similar a los de los países de nuestro entorno, para poder prestar un servicio de calidad.
Y también que haya condiciones profesionales dignas. El voluntarismo, que ha hecho que las cosas salgan adelante, tiene que acabarse.
«Hay que establecer las condiciones adecuadas para que los jueces puedan desempeñar su función con las debidas garantías, en beneficio del ciudadano, lo que pasa por afrontar extremos como la salud laboral, los riesgos y enfermedades profesionales, la igualdad de género, el volumen de trabajo, la mejora del régimen de sustituciones y un régimen retributivo acorde con la responsabilidad y categoría profesional del puesto», dice el escrito consensuado por las cuatro asociaciones.
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA
Ninguno de los representantes de los jueces asociados creen que el 1 de enero de 2016 el expediente digital pueda ser una realidad, pero consideran que, al margen de eso, esa es la dirección correcta.
«El 1 de enero los escritos se presentarán por vía telemática, sí, pero también mediante pendrive. Habrá un periodo de transición, es evidente. Pero eso no es el expediente digital, el expediente digital vendrá después», remachó Almenar. Pero esto no es suficiente.
[[{«type»:»media»,»view_mode»:»media_large»,»fid»:»35692″,»attributes»:{«alt»:»»,»class»:»media-image»,»height»:»304″,»typeof»:»foaf:Image»,»width»:»480″}}]]
«La mera publicación de las leyes no es suficiente si no se solucionan otros problemas antes», agregó. «En la actualidad en España existen ocho sistemas informáticos distintos e incompatibles. Esto no puede ser. Es necesario redefinir, de arriba a abajo, el sistema de competencias en el poder judicial. Esto hay que solucionarlo sí o sí».
Por último, las asociaciones hacen un llamamiento, en su último punto, para que se lleven a cabo reformas procesales y sustantivas.
«Hay que modificar la práctica de reformas legislativas parciales y a corto plazo, que no vienen acompañadas de ninguna dotación presupuestaria específica y se imponen sin responder a ninguna planificación o proyecto común», termina diciendo el documento presentado.
«No se pueden dictar leyes sin medios para ponerlas en marcha», señaló Almenar.
«La reforma del proceso penal es una prioridad. Sin embargo, el Gobierno no ha apostado por ella. Es el momento de que se haga, de una vez por todas», apostilló Bosch.
En síntesis: desde su punto de vista, la Justicia no puede seguir siendo la gran olvidada. Ya no.
[[{«type»:»media»,»view_mode»:»media_large»,»fid»:»35694″,»attributes»:{«alt»:»»,»class»:»media-image»,»height»:»179″,»typeof»:»foaf:Image»,»width»:»480″}}]]
