El Colegio de Abogados de Sevilla transferirá este lunes a sus colegiados 1.513.175,60 euros en pago de los servicios de asistencia jurídica gratuita prestados durante el tercer trimestre del presente año 2015.
Ese pago se producirá después de que la Junta de Andalucía haya abonado para los letrados sevillanos 1.118.110,60 euros por los turnos de oficio acreditados entre los pasados meses de julio y septiembre y 395.065 euros por las guardias a detenidos prestadas durante ese tercer trimestre, tanto en dependencias judiciales como policiales de toda la provincia.
En declaraciones a Europa Press, el decano de los abogados sevillanos, José Joaquín Gallardo, ha resaltado que durante este año la Junta de Andalucía ha venido cumpliendo “escrupulosamente” con el calendario de pagos fijado, con lo que “se ha puesto término a las demoras que tradicionalmente se venían produciendo en las retribuciones de la justicia gratuita”.
En este sentido, Gallardo ha puesto de manifiesto también la “enorme” importancia de los servicios que prestan los abogados cuando están de guardia o en turno de oficio, ya que ello hace posible la celebración de más del 65 por ciento de los juicios penales que tienen lugar a diario y posibilita casi un 80 por ciento de las declaraciones prestadas por los detenidos en los juzgados y dependencias policiales.
“EXIGUAS” RETRIBUCIONES
Al hilo de ello, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que “se haya puesto término a las demoras en los pagos”, si bien ha reivindicado la necesidad de que la Junta revise al alza en el año 2016 las “exiguas” retribuciones que vienen percibiendo los letrados que prestan esos servicios.
Asimismo, Gallardo ha considerado “imprescindible” que la Junta incremente “sustancialmente” su contribución a los gastos de funcionamiento de los Servicios de Orientación Jurídica que mantienen los colegios de abogados, ya que en la actualidad son las propias instituciones de la abogacía quienes vienen soportando más de dos tercios del coste efectivo de esos servicios que se prestan a los ciudadanos que acreditan insuficiencia de recursos económicos.
A su juicio, “no es lógico ni admisible” que el coste de funcionamiento de un servicio público lo soporten indirectamente los propios profesionales que lo prestan mediante el pago de sus cuotas colegiales, “como de hecho viene sucediendo en los últimos años” en el Colegio de Abogados de Sevilla y en otros muchos colegios de España.
