La Audiencia Nacional ha ordenado el embargo de las propiedades y las cuentas bancarias del expresidente de Abengoa Felipe Benjumea y el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega para avalar sus fianzas civiles de 11,5 millones y 4,5 millones de euros, respectivamente, en concepto de responsabilidad civil.
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha ordenado embargar cinco turismos de marca Chrysler, Mercedes o BMW y diez fincas que constan a nombre del expresidente del Consejo de Administración de Abengoa Felipe Benjumea, así como prohibir al ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega disponer de un vehículo Jaguar.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 impone la «prohibición absoluta de disponer, vender, gravar, obligar o enajenar» varios bienes muebles e inmuebles, así como el bloqueo de las cuentas bancarias en el marco de la investigación abierta contra los exdirectivos de la multinacional de energías renovables por delitos de administración desleal y uso de información privilegiada.
En concreto, pide a los Registros de la Propiedad de Sevilla, San Juan de Aznalfarache (Sevilla), San Roque (Cádiz) y Soria que acuerde esta medida para los inmuebles que son propiedad de Benjumea, mientras que también prohíbe a este último transmitir o gravar cinco vehículos de marca BMW, Chrysler, Mercedes Benz y Ford, junto a un ciclomotor Piaggio.
Además, ordena el bloqueo de los saldos que constan en doce cuentas bancarias, incluyendo todos los productos bancarios, tales como fondos de inversión, planes de pensiones o imposiciones a plazo fijo, que pudiera tener contratados.
Por otra parte, Lamela decreta el embargo de una finca en Las Rozas, un turismo de marca Jaguar y el bloqueo de una cuenta de Sánchez Ortega para hacer frente a su fianza por valor de 4,5 millones de euros.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 admitió el pasado 18 de noviembre, con el informe favorable de la Fiscalía, la querella presentada por dos propietarios de bonos de Abengoa que atribuye a Benjumea y Sánchez Ortega delitos de administración desleal e imputan además a este último otro de uso de información privilegiada.
La magistrada requirió además a la compañía andaluza la información relativa a los pagos de 11,48 millones efectuados a Benjumea y de 4,48 millones a Sánchez Ortega, a quienes ha apercibido de que si no entregan fianzas por sendos importes, procederá a la «adopción de medidas cautelares sobre sus bienes».
QUERELLA DE LOS BONISTAS
Dos propietarios de bonos de la compañía Abengoa, que invirtieron 103.970 euros, se querellaron contra la antigua cúpula de la compañía, que solicitó el preconcurso de acreedores el pasado 26 de noviembre, por su «horrible» gestión y buscar su «propio beneficio y lucro personal» al concederse indemnizaciones millonarias en lugar de «salvar a sus miles de inversores».
Los bonistas señalaron que Benjumea y Sánchez Ortega eran «conocedores de la auténtica realidad económica-financiera» de la empresa y que buscaron su enriquecimiento «en vez de utilizar dicha información para salvar a miles de inversores que se verán atrapados en la situación concursal de la entidad y, de paso, a todos los contribuyentes españoles que deberán acudir a su rescate».
Los querellantes denunciaron que Benjumea se llevó una «exorbitante» indemnización por importe de 11.480.000 euros, poco antes de que la compañía solicitara en un juzgado mercantil de Sevilla el preconcurso oficial de acreedores.
Sánchez Ortega, que dejó la empresa en mayo pasado, percibió, por su parte, una «contraprestación post-contractual» de 4.480.000 euros, a lo que habría que sumar 3.300.000 euros en concepto de «bonus variable» que percibirá «a cuenta de 2015 hasta su salida». Al cabo de unos días, según la querella, fichó por el fondo de inversión Blackrock y, un mes después, la gestora tomó «fuertes posiciones bajistas» en relación con los valores de Abengoa.
