El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha ordenado a la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra que le informen sobre los estatutos, financiación y actividades desarrolladas por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y otras asociaciones de Cataluña para esclarecer si han sido las «impulsoras y promotoras» de la tramitación de las mociones de apoyo a la resolución independentista del ‘Parlament’.
En un auto el magistrado acepta una serie de diligencias solicitadas por la Fiscalía por posibles delitos de sedición y rebelión y reclama a las Fuerzas de Seguridad la lista de Ayuntamientos que hayan aprobado mociones de respaldo a la resolución I/XI del Parlamento de Cataluña, que anuló el Tribunal Constitucional.
Moreno quiere saber la forma en que las propuestas fueron incluida en el orden del día de las correspondientes sesiones plenarias, sus fechas y si facultaban a los alcaldes a llevarlas a cabo ejecutando los «actos pertinentes». Además, pregunta qué partidos apoyaron las mociones y el sentido de los informes emitidos por los secretarios e interventores de los consistorios.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ha pedido además informes sobre la ANC, la Asociación de Municipios por la Independencia de Cataluña (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM), que «parecen ser las promotoras» de las mociones.
En concreto, demanda sus estatutos, componentes, fecha de constitución, mecanismos y vías de financiación, mientras que inquiere si el Ayuntamiento de Deltebre (Tarragona) se encuentra integrado en dichas organizaciones.
En relación con la moción de apoyo aprobada el 9 de diciembre por el Ayuntamiento de Vic (Barcelona), ordena recabar del secretario del consistorio una copia de la grabación de la sesión o el documento en otro formado de las intervenciones de cada uno de los ediles que se posicionaron respecto a la «urgencia» de la proposición.
ESTRATEGIA CONCERTADA PARA INCUMPLIR LA LEY
La Fiscalía de la Audiencia Nacional advirtió de la «ilegalidad» de la resolución parlamentaria y pidió saber si fue una iniciativa aislada o respondió, «como todo apunta, a una estrategia planificada o concertada con el propósito de generar una situación o contexto de incumplimiento generalizado de la legalidad constitucional que permita la consecución de la independencia al margen de las vías legales de esa parte del territorio nacional».
En su informe, fechado el 22 de enero, el departamento que dirige Javier Zaragoza defendió la competencia de la Audiencia Nacional para conocer los delitos contra la forma de Gobierno, que incluye «la ejecución de actos constitutivos de rebelión y sedición cuando la finalidad o el propósito de los mismo sea cambiar ilegalmente la organización territorial del Estado y declarar la independencia de una parte del territorio, en este caso la comunidad autónoma de Cataluña».
El delito de rebelión, castigado con penas de 25 a 30 años, tipifica «el alzamiento violento y público con el fin de declarar la independencia de una parte del territorio nacional». El de sedición, penado con 10 a 15 años de cárcel, persigue «el alzamiento público y tumultuario para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes, el legítimo ejercicio de sus funciones a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales». EP.
