El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata impone a Jordi Pujol Ferrusola las medidas cautelares de comparecencias semanales en el juzgado más próximo a su domicilio, la prohibición de salida del territorio nacional sin previa autorización judicial y la retirada de su pasaporte. Le acusa de «canalizar capitales de presunto origen criminal» y de faltar a la verdad en su declaración.
En el auto, el juez señala que Pujol Ferrusola es titular de varias sociedades instrumentales que no producen valor real añadido alguno y “cuya única utilización ha sido canalizar capitales de presunto origen criminal para realizar inversiones y gastos en España y en el extranjero”.
Según explica en un auto hecho público este viernes, Pujol Ferrusola es titular de varias «sociedades instrumentales» que no producen valor real añadido alguno y que, sin embargo, facturaron más de 11 millones de euros por supuestas tareas de asesoramiento y consultoría para empresas que tienen un denominador común: su cifra de negocio procede principalmente de concursos, proyectos y licitaciones del sector público.
Existen indicios, dice el auto, de que ha utilizado entramados societarios internacionales “diseñados con la específica finalidad de blanquear capitales fuera de España y repatriarlos, así como distintos testaferros y/o fiduciarios que le habría permitido disponer de cuentas corrientes en otras jurisdicciones”. Además, existen evidencias de que Pujol Ferrusola «ha estado deshaciéndose de sus activos patrimoniales y financieros, y realizando toda clase de actividades para ocultarlos y ponerlos fuera del alcance de los tribunales».
El juez explica que durante años “Jordi Pujol Ferrusola coordinó la gestión de un importante patrimonio económico cuyo origen no ha sido acreditado asignándolo a toda clase de inversiones mobiliarias e inmobiliarias y operaciones financieras de distintas índole en distintas jurisdicciones y paraísos fiscales, siempre en beneficio de la familia”. Parte del tiempo estos capitales estuvieron radicados y se operaron, añade el juez, desde distintas entidades bancarias andorranas.
De la Mata destaca que Pujol Ferrusola, investigado por falsedad documental, blanqueo y delito contra la hacienda pública, admite que todas las operaciones llevadas a cabo en Andorra y los negocios en que invirtió a lo largo de esos años estaban directamente relacionados con el patrimonio económico que gestionaba para él y su familia y que tuvo como origen el legado del abuelo.
Sin embargo, el juez entiende que ni él ni otros han aportado elemento alguno para verificar esa versión. Su argumentación, según el magistrado, “colisiona de frente con la versión completamente opuestas facilitada por los propios gestores bancarios que gestionaban sus cuentas en Andorra”.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 recuerda que el investigado ha venido realizando un progresivo proceso de descapitalización de todos los activos patrimoniales y financieros desde que comenzaron las investigaciones en torno a su persona, “faltando claramente a la verdad en sus declaraciones en sede judicial, donde negó tener cuentas en varios lugares que la documentación ha demostrado que sí tenía”.
Agrega que Pujol Ferrusola realizó “una clara operación de blanqueo con la finalidad de alzar bienes del alcance de la justicia” y detalla, a lo largo del auto judicial, alguna de esas operaciones, por lo que entiende el juez que resulta “necesario y proporcionado” la adopción de las medidas acordadas.
El magistrado advierte de que con los sistemas de comunicaciones globales con los que se pueden cursar instrucciones y órdenes y que reducen las distancias entre personas a cero habrá que estar especialmente atento a si se producen nuevas conductas de ocultación alteración o destrucción de pruebas “que puedan exigir la modificación de las medidas que ahora se adoptan”. (CONFILEGAL/EP)
