El abogado Juan Antonio Gragera ha cobrado hasta la fecha un total de 119 euros desde que en septiembre de 2014 le tocara asumir la defensa del presunto cabecilla de la trama ‘Gürtel’, Francisco Correa, en las cinco investigaciones que la Audiencia Nacional tiene abiertas contra él.
El letrado, adscrito al turno de oficio, ha explicado a Europa Press que el 29 de septiembre de 2014 le fue encomendada la defensa de Correa, a quien ha llegado a representar en cinco de las piezas abiertas en torno al caso ‘Gürtel’.
El abogado ha logrado recientemente que las piezas abiertas en la Audiencia Nacional tras la inhibición de los juzgados de Valencia por los contratos que la Generalitat efectuó con la trama, sean asignadas a otro letrado de oficio ya que no derivan de la primera época de actividades de la red que se desarrolló entre 1999 y 2005.
Con todo, Gragera seguirá haciéndose cargo de la defensa de Correa en las causas seguidas por supuestas irregularidades en las contrataciones del Ayuntamiento de Jeréz (Cádiz), la empresa pública Aeropuertos y Navegación Aérea (Aena) y la pieza principal.
De hecho, deberá estar presente durante meses en la sede que la Audiencia Nacional tiene en el municipio madrileño de San Fernando de Henares para actuar en el juicio que comenzará el próximo 4 de octubre por la primera época del caso ‘Gürtel’, en el que Correa se enfrenta a una petición fiscal de 125 años de cárcel.
ATENDER A OTROS CLIENTES CON LAS «MISMAS GARANTÍAS»
El abogado de Correa ha denunciado en la Audiencia Nacional que su cliente se encuentra en una «notoria situación de indefensión y desigualdad» respecto a otros acusados, al no contar con los «recursos técnicos, humanos ni económicos mínimos» para ejercer una defensa «efectiva».
«Contrasta mi situación con las demás partes procesales, tanto en el juzgado como la Fiscalía, tienen equipos dedicados en exclusiva o preferentemente a este procedimiento, y los demás imputados tienen contratados despachos, no solo un letrado, que además de atender a este caso ha de defender con las mismas garantías al resto de clientes del turno de oficio y de su cartera privada», expone en un escrito.
De este modo, invoca el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para poner de relieve que todo acusado debe tener el derecho a «disponer del tiempo y las facilidades necesarias» para preparar una defensa «efectiva». (EP)
