La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha rechazado ampliar la investigación sobre las indemnizaciones millonarias cobradas por el expresidente de Abengoa Felipe Benjumea y el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega a un posible delito societario por el supuesto falseamiento de las cuentas de la multinacional, al entender que no hay «conexidad» entre ambos hechos.
En un auto, la magistrada ha desestimado la petición de dos bonistas de la compañía de energías renovables que solicitaban ampliar la querella a presuntos delitos relativos al mercado y los consumidores y falsedad de cuentas tanto contra los miembros del Consejo de Administración, entre los que se encuentra el exministro socialista Josep Borrell, como contra Benjumea y Sánchez Ortega, que ya se encuentran investigados por administración desleal y uso de información privilegiada.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 esgrime la nueva redacción del artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de delitos conexos (art. 17) establece como norma general que cada delito dará lugar a la formación de una causa, salvo en delitos conexos para cuyo esclarecimiento sea más procedente la investigación conjunta en una única causa.
Incide en que la reforma ha modificado las reglas de conexidad a fin de que los procesos tengan una más «rápida y eficaz» sustanciación y evitar «el automatismo en la acumulación de causas y la elefantiasis procesal que se pone de manifiesto en los macroprocesos«.
Además, en virtud de la exigencia de ese nexo de conexidad, la juez concluye que la nueva querella se dirige contra personas no investigadas en el presente procedimiento y se refiere a hechos distintos y sin conexión alguna con los investigados.
Por ello, la juez Carmen Lamela, siguiendo el criterio del fiscal José Perals, destaca que una supuesta manipulación de los estados contables «no guarda relación alguna» con los delitos investigados contra los máximos gestores de la empresa y añade que la ampliación de la querella se basa únicamente en «artículos periodísticos» y además provocaría un «retraso injustificado» en el procedimiento.
Sin embargo, sí admite la incorporación de nuevos documentos a la causa que investiga las indemnizaciones millonarias recibidas por Benjumea y Sánchez Ortega, tras su salida de Abengoa, de 11,5 millones y 4,5 millones de euros respectivamente, poco antes de que la empresa presentara el preconcurso de acreedores.
Además, Lamela considera necesario aportar a la instrucción documentación que acredite la relación de Sánchez Ortega con su nueva empresa Blackrock, para determinar si existió un conflicto de intereses entre este fichaje y su salida de Abengoa.
Abengoa presentó,el pasado 5 de noviembre, el preconcurso, que podría haberse convertido en la mayor insolvencia de la historia de España, lastrada por su alto endeudamiento, al sumar más de 9.000 millones de deuda financiera y casi 5.000 millones en pagos pendientes a proveedores.
