El Parlamento Europeo ha aprobado hoy el Reglamento General de Protección de Datos en el que se describen y delimitan los derechos de las personas; también se definen todas las obligaciones de los responsables del tratamiento de los datos y la sanciones para quienes infrinjan las normas.
Entre otras disposiciones, las nuevas reglas incluyen: el derecho al “olvido”, mediante la rectificación o supresión de datos personales, la necesidad de “consentimiento claro y afirmativo” de la persona concernida al tratamiento de sus datos personales, la “portabilidad”, o el derecho a trasladar los datos a otro proveedor de servicios, el derecho a ser informado si los datos personales han sido pirateados, lenguaje claro y comprensible sobre las cláusulas de privacidad, y multas de hasta el 4% de la facturación global de las empresas en caso de infracción.
La reforma devuelve a los ciudadanos el control de sus datos personales y garantiza en los 28 países que conforman la Unión Europea unos estándares de protección elevados y adaptados al entorno digital. Incluye una directiva sobre el uso de los datos procesados para fines policiales y judiciales.
La aprobación llega pocos meses después que el 15 de Diciembre de 2015, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea acordasen los aspectos clave para actualizar y armonizar el marco normativo de protección de datos al conjunto de países de la UE. Y sustituirá a la Directiva sobre protección de datos de la UE, de 1995, cuando Internet todavía estaba en su infancia.
Para Maria Àngels Barbarà, Directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT), “la normativa es un avance significativo no solo en relación a los derechos de los ciudadanos, cuya protección será en adelante más efectiva, sino también en el impulso de una sociedad y una economía digitales más seguras y competitivas”.
La normativa consta de dos instrumentos: el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Directiva Europea d Protección de Datos en los ámbitos policial y judicial. El nuevo reglamento permitirá a los ciudadanos un mejor control de sus datos personales en poder de las administraciones públicas y de las empresas.
AHORRO DE 2.300 MILLONES DE EUROS ANUALES
Igualmente, permitirá a las empresas aprovechar al máximo las oportunidades del Mercado Único Digital, al reducirse las barreras burocráticas. En este sentido, se estima que la unificación normativa representará para las empresas un ahorro de 2.300 millones de € al año.
La directiva, por otro lado, está destinada a los ámbitos policiales y de la Justicia y garantiza que los datos de las personas afectadas sean debidamente protegidos en el contexto de las investigaciones criminales. Esta normativa requiere de su transposición en el ordenamiento jurídico interno.
Concluye de esta manera el trámite de aprobación de esta norma, que entrará en vigor veinte días después de su publicación en el boletín oficial, y que será aplicable a partir de la primavera de 2018. Ese el tiempo que tiene el Gobierno español para convertir el nuevo Reglamento en ley nacional.
Así, se reemplazará el actual mosaico de leyes nacionales con un único conjunto de reglas diseñadas para ofrecer a los ciudadanos un mayor control sobre su propia información privada en un mundo digitalizado con teléfonos inteligentes, redes sociales, banca por Internet y transferencias globales.
También tiene como objetivo mejorar la seguridad de las empresas, desde el punto de vista legal, para impulsar la innovación y el desarrollo futuro del mercado único digital.
“Con este reglamento de protección de datos conseguimos un nivel uniforme de protección en toda la UE. Es un gran éxito para el Parlamento y un ‘sí’ claro a los derechos de los consumidores y a la competencia en la era digital. Los ciudadanos podrán decidir por sí mismos qué información quieren compartir”, subrayó Jan Albrecht (Verdes, Alemania), responsable de la tramitación parlamentaria del texto.
“También se ofrece más claridad a las empresas, con una norma única para toda la UE que refuerza la confianza y la seguridad jurídica e impulsa la competencia justa”, añadió Albrecht.
DATOS EN INVESTIGACIONES POLICIALES Y JUDICIALES
El nuevo paquete de protección de datos también incluye una directiva sobre transmisión de datos para cuestiones judiciales y policiales. Se aplicará al intercambio de datos transfronterizos dentro de la UE y establecerá estándares mínimos para el tratamiento de datos en cada país.
La intención es proteger a las personas implicadas en investigaciones policiales o procesos judiciales, sea como víctimas, acusados o testigos, mediante la clarificación de sus derechos y el establecimiento de límites en la transmisión de datos para prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de delitos o la imposición de penas.
Se han incluido salvaguardas para evitar riesgos para la seguridad pública, al tiempo que se facilita una cooperación más rápida y efectiva entre las autoridades policiales y judiciales.
“El principal problema ante los ataques terroristas y otros crímenes trasnacionales es que los cuerpos judiciales y de seguridad son reacios a compartir información valiosa”, explicó la ponente de la directiva, Marju Lauristin (S&D, Estonia). “Al fijar estándares europeos para el intercambio de información, esta norma se convertirá en una herramienta útil para ayudar a las autoridades a trasladar datos personales de manera sencilla y efectiva, asegurando el respeto al derecho fundamental a la privacidad”, agregó.
Los países tendrán un plazo de dos años para transponer los cambios de la directiva a la legislación nacional.
En el caso de Reino Unido e Irlanda, la directiva sobre intercambio de datos para fines policiales y judiciales sólo se aplicará de manera limitada. Dinamarca podrá decidir en seis meses tras su adopción definitiva si quiere trasladar la directiva a la ley nacional.
