El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha urgido al Ministerio de Cultura para que elabore el informe requerido hace cinco meses por la magistrada que instruye el ‘caso IVAM’, y «del que pende el avance» de una causa que investiga posibles delitos de malversación, prevaricación y falsedad.
El órgano de gobierno de los jueces da amparo así a la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que investiga a la exdirectora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) Consuelo Císcar, a cuatro exsubdirectores y a un empresario, según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia(TSJ) valenciano.
La comisión permanente del CGPJ acordó recientemente dirigirse al Ministerio de Cultura «para que se remuevan los obstáculos que impiden el cumplimiento del mandato judicial efectuado» por este juzgado consistente en «efectuar un informe sobre la valoración de trece obras adquiridas por el IVAM«.
En noviembre, la instructora requirió el auxilio del director general de Bellas Artes, al que remitió el informe del conservador responsable de la colección del IVAM, y le solicitó una valoración de trece obras de arte, ante «fundadas sospechas de que existe un elevado sobrecoste en la adquisición de las mismas que pudiera constituir un ilícito penal».
La magistrada volvió a reclamar «con carácter urgente» este informe pericial en enero y en marzo, «sin que ninguna de sus peticiones fuera atendida», según las mismas fuentes.
El pronunciamiento del CGPJ instando al Ministerio de Cultura a colaborar con la jueza tiene lugar después de que ésta pusiera en conocimiento de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC) las «trabas» que estaba encontrando para proseguir con la investigación, «prácticamente paralizada a la espera de ese informe».
En su escrito a la UACC, la magistrada trasladaba al CGPJ la «precariedad de medios» con los que trabajan ella y la letrada de la Administración de Justicia: sin despacho, en una sala «en lamentables condiciones» y «pequeña, sin enchufes, ventilación, aclimatación y apenas mobiliario» donde colocar los más de 30 tomos que ya acumula esta causa, según denuncia.
El CGPJ también ampara esta petición, e insta a la Conselleria de Justicia a atender las demandas del Juzgado, entre cuyas peticiones se incluye también un programa informático de transcripción de declaraciones documentadas digitalmente mediante la grabación de la imagen y el sonido.
La causa, que nació en julio de 2015 tras una denuncia de la Fiscalía, se dirige contra Consuelo Císcar y contra otras cinco personas, que tienen la condición de investigadas (término que sustituye al de imputado tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
La instructora considera que, de las diligencias practicadas hasta el momento, «resulta indiciariamente la existencia de hechos delictivos cometidos en el seno de la administración del IVAM, tanto en la adquisición de obras de arte como en la contratación de publicaciones».
La magistrada cree que se habría pagado «importes no justificados por obras de arte o por publicaciones que resultaba evidente que no respondían a este valor», y que esta práctica redundaba en «un claro lucro para terceros».
Según la jueza, estos hechos habrían supuesto un «evidente perjuicio a los fondos públicos con los que se gestiona este museo».
La declaración de los investigados «no tiene aún fecha», a la espera de que la jueza reciba los informes de la UDEF y de la pericial reclamada al Ministerio de Cultura, de la que, a su vez, depende el informe que ha de completar la Intervención General, según el TSJ.
