La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha censurado el «secretismo» de las negociaciones sobre Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (TTIP) y ha denunciado la vulneración de principios básicos del Estado de Derecho que puede ocasionar dicho tratado.
Jueces para la Democracia también ha advertido de que puede causar el enriquecimiento empresarial a costa del «abaratamiento de la mano de obra», la desprotección de los derechos laborales y las prestaciones sociales.
El tratado tiene como objetivo declarado eliminar las barreras comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea (suprimir aranceles, normativa innecesaria, restricciones a la inversión, etc.) y simplificar la compraventa de bienes y servicios entre estos dos espacios.
JpD califica de «alarmante» que el nuevo marco jurídico se apruebe sin la participación de la ciudadanía y limite de manera «muy sensible» la capacidad legislativa de los Estados.
Además, rechazan la iniciativa de crear un tribunal especial en materia de arbitraje internacional que sustituiría «parte» de las competencias asignadas a los órganos judiciales nacionales y europeos para asumir competencias en el ámbito civil, laboral, administrativa y fiscal, entre otras. «Representa una usurpación de las funciones judiciales estatales, caracterizadas por su independencia e imparcialidad, para adjudicarlas a un organismo vinculado a las grandes corporaciones económicas y a los gobiernos más importantes del mundo», añade.
En este sentido, advierte de que la naturaleza de este tribunal especial puede repercutir de manera «muy negativa» en los derechos laborales, en los derechos de los consumidores y en las normas de protección del medio ambiente. Por ello, aboga por solucionar los conflictos jurídicos derivados de la aplicación del tratado por los órganos judiciales nacionales y europeos.
«No existe ninguna necesidad de crear un tribunal especial de esta naturaleza, a no ser que se pretenda proteger relaciones económicas privilegiadas. Tampoco resulta admisible que la protección jurídica a los inversores llegue al extremo de que puedan reclamar ante un Estado y que dicha pretensión sea resuelta por un tribunal arbitral al margen del organigrama judicial estatal y europeo», prosigue en un comunicado.
En este sentido también denuncian, al igual que ha hecho la mayor organización judicial alemana, DRB, «que resulta más que dudosa la competencia de la Unión Europea para constituir un tribunal especial de inversiones internacionales al margen de los órganos judiciales ordinarios. Compartimos plenamente la visión crítica global de la judicatura alemana ante el tratado».
Por ello, valoramos que no es un buen camino crear tribunales especiales que solo son accesibles a ciertos grupos de litigantes para que tengan un trato diferenciado.
Desde Jueces para la Democracia expresan su «voluntad de iniciar acciones con otras organizaciones judiciales europeas para mostrar nuestra oposición al TTI», concluye.
