La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ve indicios de que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, pudo incurrir en un presunto delito de fraude en materia de contratación pública con empresas investigadas por el ‘caso Púnica’, para mejorar su reputación en las elecciones autonómicas de 2015.
Según consta en el sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, al que ha tenido acceso Europa Press, la UCO considera que el actual presidente murciano habría realizado en su etapa como consejero de Educación «supuestos trabajos reputacionales sufragados indiciariamente con fondos públicos», todo ello en el marco de «un eventual contrato en materia de formación».
Según el informe de la Guardia Civil, Sánchez alcanzó un «concierto» con el empresario de la trama Púnica Alejandro de Pedro por el que pagaría 4.600 euros al mes durante ocho meses para mejorar su imagen.
La UCO también considera que la actual senadora del PP por esta región, Pilar Barreiro, pudo incurrir en un delito de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias en su etapa como alcaldesa de Cartagena y exdiputada nacional.
Concretamente, el delito estaría relacionado con la contratación por parte del Ayuntamiento de Cartagena de una supuesta campaña de publicidad institucional del Consistorio que, en realidad, encubría la contratación de un periodista para la difusión de noticias favorables de Barreiro, así como el concierto para el pago de los servicios reputacionales a través de un plan de medios. (EP)
