La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela tomará declaración a partir de este lunes en calidad de testigos al Consejo de Administración de Abengoa, entre los que se encuentra el exministro Josep Borrell, que aprobaron las millonarias indemnizaciones del expresidente Felipe Benjumea y su exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega poco antes de que la compañía presentara el preconcurso de acreedores.
Durante dos días, los trece consejeros se someterán a las cuestiones de las partes con el fin de esclarecer qué ocurrió en las sesiones del consejo donde se dieron «luz verde» a sendas indemnizaciones de 11,5 y 4,5 millones para el expresidente de Abengoa Felipe Benjumea y el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega, respectivamente, tras su salida de la empresa poco antes del preconcurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).
En concreto, Lamela escuchará el miércoles a Santiago Seage, Josep Borrell –que actualmente es responsable de Asuntos Exteriores de la candidatura del PSOE–, Mercedes Gracia, Ricardo Martínez Rico y Alicia Velardo.
El jueves comparecerán como testigos José Joaquín Abaurre, José Luis Aya, Ignacio Solís, Carlos Sundheim, Ricardo Hausman, Claudio Santiago Ponsa y José Domínguez Abascal.
El fiscal José Perals pidió la ronda de testificales después de que el nuevo presidente de la empresa de energías renovables, Antonio Fornielles, explicara que la multinacional pagó a su antecesor 4,48 millones en concepto de indemnización por cese anticipado y pacto de no competencia postcontractual y otros 7 millones por bonificación por permanencia que tenía reconocida en su contrato con la sociedad.
El Ministerio Público considera que Abengoa amplió su capital para afrontar sus deudas y el Consejo de Administración decidió el 23 de septiembre de 2015 «aparentar la marcha» de Benjumea de la sociedad, quedándose bajo la denominación de «asesor» del Consejo y cobrando un sueldo «idéntico» al que venía recibiendo como consejero.
Benjumea recibió el pago pese a ser consciente de la «mala situación» de la sociedad, que en noviembre de 2015 pidió el preconcurso de acreedores. Los mismos miembros del Consejo de Administración acordaron el 15 de junio de 2015 las condiciones económicas y el cese de Sánchez Ortega.
QUERELLA DE LOS BONISTAS
La juez admitió el pasado diciembre la querella, presentada por dos propietarios de bonos de la compañía Abengoa, que invirtieron 103.970 euros, denunció la «horrible» gestión de los dos directivos que, en su opinión, buscaban su «propio beneficio y lucro personal» al concederse indemnizaciones millonarias en lugar de «salvar a sus miles de inversores».
Los bonistas señalaron que Benjumea y Sánchez Ortega eran «conocedores de la auténtica realidad económica-financiera» de la empresa y que buscaron su enriquecimiento «en vez de utilizar dicha información para salvar a miles de inversores que se verán atrapados en la situación concursal de la entidad y, de paso, a todos los contribuyentes españoles que deberán acudir a su rescate».
105 PERJUDICADOS
Los querellantes iniciales han ido sumando adhesiones de perjudicados hasta alcanzar un número cercano a 105. Denunciaron que Benjumea se llevó una «exorbitante» indemnización por importe de 11.480.000 euros, poco antes de que la compañía solicitara en un juzgado mercantil de Sevilla el preconcurso oficial de acreedores.
Las denuncias se canalizan a través de la Plataforma de Perjudicados por Abengoa, que tiene habilitada la web ‘www.perjudicadosabengoa.es‘. Los abogados de esta organización precursora de la querella contra Benjumea son Felipe Izquierdo (Izquierdo Asociados) y Eliseo M. Martínez (Ius+Aequitas Abogados). (EP)
