La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que cite a declarar como imputados a dos hijos del financiero Javier de la Rosa, Javier y Gabriela, ante las sospechas de que percibieron comisiones abonadas por la familia Pujol.
El Ministerio Público considera que los pagos, que alcanzan los seis millones de euros, fueron canalizados a través de una sociedad pantalla con sede en Holanda, Marway. La empresa era empleada por el menor del clan Pujol, Oleguer, para introducir en el mercado, de espaldas al fisco, capitales procedentes de la venta de 1.152 oficinas del Banco Santander, que se cerró por un total de 2.177,38 millones de euros.
Los investigadores rastrean, en concreto, una transferencia de 6,2 millones de euros que Oleguer Pujol habría hecho a Marway. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 investiga a Oleguer Pujol Ferrusola y sus hermanos Jordi, Josep y Pere por actividades económicas que podrían ser constitutivas de los delitos de corrupción y falsedad documental.
Estas pesquisas, impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, tienen como origen el sumario en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 investiga el patrimonio y las actividades económicas de Oleguer Pujol.
El hijo menor del clan está imputado en ese procedimiento principal por fraude fiscal y blanqueo de capitales junto a su exsocio en la firma Drago Capital Luis Iglesias.
COMPRA DE INMUEBLES
Entre las operaciones que investiga el juez Pedraz se encuentra la operación firmada en noviembre de 2007 por la que la empresa Samos Servicios y Gestiones adquirió 1.152 sucursales del Banco Santander por un total de 2.177,38 millones de euros. También existen sospechas por la compra de un hotel en Canarias por valor de ocho millones de euros que se habría abonado con fondos procedentes del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.
Los fiscales Anticorrupción Juan José Rosa y José Grinda consideran que las operaciones financieras investigadas podrían contener «elementos de defraudación tributaria» con «relevancia criminal», tras los registros en el piso y despacho de Oleguer Pujol del 23 de octubre de 2014, y después de que la Agencia Tributaria haya puesto de manifiesto en al menos tres informes, «de una manera más o menos extensa», que en la actuación de Pujol e Iglesias existen «elementos de defraudación tributaria que tienen relevancia criminal». (EP)
