Tras la sentencia del Tribunal Constitucional anulando las tasas por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, Jueces para la Democracia «reclama al gobierno en funciones bajo cuyo mandato se cometió esta injusticia que explique, razone y dé cumplida cuenta a todos los ciudadanos, usuario de la administración de justicia, del destino que ha hecho de lo recaudado».
En este sentido la asociación de jueces asegura que con esta decisión, el Tribunal Constitucional da un varapalo a la nefasta gestión de los sucesivos ministros de justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y Rafael Catalá«.
Insisten en que en el año 2012 se publicó en plena crisis económica la Ley de Tasas, cuando «más necesaria era para la ciudadanía la tutela judicial el entonces ministro de justicia impulsa una ley destinada a encarecer el acceso de los ciudadanos a la práctica totalidad de procedimientos judiciales tanto en primera instancia como en instancias superiores».
Una Ley que se impulso con la mayoría absoluta el actual gobierno en funciones y que se «ensañaba en extremo con los menos favorecidos y convertía la Administración de Justicia, contra el expreso mandato constitucional (art. 119), en un instrumento de salvaguarda de los derechos de los más poderosos».
Jueces para la Democracia denunció públicamente desde el primer esta decisión, muestra su satisfacción por la decisión del Constitucional, aunque lamentan que hayan tenido que pasar cuatro años.
Más allá de este reconocimiento, Jueces para la Democracia reclama y exige el restablecimiento del ejercicio efectivo de los derechos que fueron cercenados por la ley 10/2012. No podemos aceptar una situación de carencia sobrevenida de objeto por la reforma puntual que en su día se hizo de dicha ley, sino que reclamamos el restablecimiento inmediato a personas físicas y Pymes en la situación anterior a 2012.
