La Plataforma Cívica para la Independencia Judicial (PCIJ) exige al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que cumpla con la Directiva europea 89/391/CEE relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora en la seguridad y salud en el trabajo.
La citada Directiva fue incorporada a nuestro derecho en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Desde la Plataforma recuerdan que el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial así lo expresa en su Introducción. Por ello, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud (CNSS) ha llevado a cabo una intensa labor a lo largo de los años 2015 y 2106 para lograr la fijación objetiva de una carga de trabajo razonable.
Ya en febrero de 2016, los representantes de las asociaciones judiciales propusieron en el seno de la CNSS “Fijar, con carácter provisional, como carga de trabajo de la que eventualmente pudiera derivarse un riesgo para los integrantes de la Carrera Judicial, una horquilla entre el 90% y el 100% del tiempo de dedicación (módulo de salida) del sistema de medición de la función jurisdiccional aprobado por el CGPJ en el año 2010. «Esta horquilla sería el máximo de trabajo exigible a un juez en condiciones compatibles con una adecuada protección de su salud».
Y que «la superación de esta carga de trabajo de manera continuada podría suponer un factor de riesgo psicosocial, que debería ser adecuadamente evaluado y, en su caso, dar lugar a la adopción de medidas preventivas por parte del CGPJ.”
La Plataforma Cívica para la Independencia Judicial sostiene en su comunicado que la «propuesta inicial fue debatida en el seno de la CNSS» ha sido rechazada por la Comisión Permanente del CGPJ «de forma definitiva». Y eso que «el CGPJ está legalmente obligado a velar por la salud de los jueces».
Recuerdan desde la Plataforma que «La carga de trabajo razonable del juez es un factor esencial de la independencia judicial», por eso, la PCIJ se pregunta» cuál es la auténtica razón por la cual el CGPJ incumple la Directiva 89/391/CEE, so pena de que las instituciones europeas condenen al Estado español por ese incumplimiento».
Al inicio de 2016, un estudio de Transparencia Internacional sostenía que siete de cada diez jueces se ven desbordados por su carga de trabajo.
La PCIJ no entiende «la inacción del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial», y le recuerdan la «imperiosa necesidad de trazar las líneas maestras de la cuantificación del trabajo judicial, a efectos de salud, entre las que se encontrarían la limitación del módulo de entrada o incluso una jornada laboral máxima mediante la fijación de un horario»
Por todo ello exigen al CGPJ que pese a las «dificultades», «ha llegado el momento de no eludir más la cuestión» y «cumplir la Directiva 89/391/CEE«.
