Un grupo de militantes socialistas ha judicializado la crisis que vive el PSOE presentando una denuncia por supuestas coacciones y usurpación de funciones contra la Gestora y, más concretamente, contra su presidente, Javier Fernández, el portavoz, Mario Jiménez, la secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, y el portavoz parlamentario en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando.
El Juzgado de Instrucción número 13 de Plaza de Castilla, Madrid, cuyo titular es el magistrado Hermenegildo Alfredo Barrera Aguirre, a quien ha correspondido por reparto, ha acordado abrir diligencias previas.
Como es preceptivo, el juez Barrera ha dado traslado a la Fiscalía, a la que le corresponde informar si procede o no admitirla a trámite.
Así lo ha comunicado este lunes a las puertas de la sede de los socialistas en la calle Ferraz el exsecretario general de la Agrupación Socialista de Valdemorillo, Madrid, y sociólogo, Luis Chamarro González, quien suscribe personalmente la denuncia.
A Chamarro lo apoyan un grupo de militantes de varias federaciones que entienden como una obligación emprender medidas legales contra la Gestora de su partido y contra la resolución del Comité Federal que obligó a los 84 diputados del PSOE a abstenerse en la segunda votación del pleno de investidura del ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
«Lo ocurrido antes, durante y después del Comité Federal es una flagrante vulneración de los estatutos y por consiguiente un incumplimiento de la ley de funcionamiento de los partidos políticos», ha dicho Chamarro después de haber entregado en el registro de la sede en Ferraz el auto de la denuncia y una carta dirigida a la Comisión de Garantías del PSOE.
En dicho escrito se insta a dimitir a los miembros de la gestora socialista y a convocar un Congreso Federal extraordinario. Aseguran estos militantes que los tres dirigentes del PSOE cometieron coacciones en las reuniones del Comité Federal socialista.
Tres de los denunciados -Javier Fernández, Antonio Hernando y Susana Díaz- son aforados, por lo que, en el mejor de los casos para la denuncia, la competencia no corresponde al Juzgado de Instrucción donde ha recaído. En el caso de Hernando, por ser diputado nacional, le correspondería a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y en los de Fernández y Díaz a la Sala de lo Civil y Penal respectiva del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y de Andalucía.
Según ha explicado este militante, ya se tomaron acciones legales en Zaragoza de la mano de coordinador en Aragón de la corriente del PSOE Izquierda Socialista, José Ignacio Martín, que presentó en el juzgado decano de Zaragoza una solicitud de impugnación de la reunión del Comité Federal del pasado 1 de octubre, y más tarde se presentó otra denuncia por la vía penal en los jugados de la capital.
Chamarro ha defendido que los militantes «tienen derecho a pedir cuentas y tienen la obligación de denunciar lo que entienden como delito contra el derecho de los ciudadanos».
«Verdad, justicia y reparación», ha solicitado el militante que ha pedido «saber qué ha ocurrido y quién está detrás» de las decisiones de la gestora socialista.
«Se puede tener una opción política, se puede discutir, pero lo que no se puede es vulnerar la Ley para conseguir una posición de fuerza que haga que lo que tú quieras conseguir salga para adelante», ha explicado Chamarro y ha remarcado las decisiones de la comisión gestora del PSOE son «ilegales» en el interno del partido y deben «revisarse».
«La gestora sabe que no está habilitada para lo que está haciendo, por eso estamos pidiendo que lo reconsidere», ha concluido. CONFILEGAL/EP.
