El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado hoy la idoneidad del magistrado del Supremo José Manuel Maza para ser nombrado nuevo Fiscal General del Estado, en una votación que se ha resuelto con un solo voto en contra, el de la vocal propuesta por IU, Concepción Sáez.
Además de este voto en contra, la resolución se adopta con un voto particular que acepta la idoneidad de Maza pero considera que el informe del CGPJ debería tener un objeto más amplio que el de valorar los requisitos exigidos por la ley para ocupar el cargo. Lo firman la vocal progresista Roser Bach y el propuesto por el PNV, Enrique Lucas.
El órgano de gobierno de los jueces ha cumplido así el trámite de audiencia establecido en los artículos 124.4 de la Constitución Española y 560.4 y 599.1.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La ley establece que antes del nombramiento del fiscal del Estado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe aprobar un informe de idoneidad.
Ese es el informe firmado hoy por el órgano de gobierno de los jueces, que considera que Maza reúne los méritos y requisitos exigidos para ser nombrado fiscal general del Estado y avala en consecuencia su idoneidad para el cargo, para el que fue propuesto el pasado viernes 11 por el Consejo de Ministros.
Una vez superado este primer examen, Maza deberá comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para obtener el aval del Legislativo. Aprobada la designación por el Congreso, será nombrado por el Rey, de modo que hayan intervenido los tres poderes del Estado.
La elección debe recaer entre juristas españoles de reconocido prestigio y con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.
En una nota, el CGPJ recuerda que José Manuel Maza tiene acreditados casi cuarenta años de servicios prestados, sumando la antigüedad en la Carrera Judicial -en la que ingresó en 1976- y el tiempo que estuvo desempeñando sus funciones en la Carrera Fiscal, entre 1978 y 1984.
La declaración de idoneidad de Maza para el cargo de fiscal general del Estado ha sido aprobada por el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ y todos los vocales del órgano de gobierno de los jueces excepto la citada Concepción Sáez.
