El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha dicho hoy que «necesariamente» hay que trasladar la investigación de las causas al Ministerio Fiscal, con el correspondiente control del juez de garantías.
Una opinión que ha expresado en un desayuno informativo organizado por Lefebvre-El Derecho, donde ha insistido en llevar a cabo una reforma del código procesal en ese sentido.
A su juicio, la figura del juez instructor, sobre todo en los casos de corrupción y los de extraordinaria complejidad, ha mostrado ya sus «insuficiencias», ya que una sola persona, «con toda la responsabilidad a sus espaldas, no puede ya asumir muchas veces ese tipo de procesos».
Lesmes se ha referido también a otras reformas pendientes, como la instauración de la doble instancia en lo contencioso-administrativo o la necesidad de superar el modelo territorial de los partidos judiciales, un diseño basado en el siglo XIX.
Ha reconocido la «resistencia» de la administración local a afrontar esa reforma, pero un modelo que data de 1834 «impide ahora una respuesta de calidad y más especializada», con una mayor concentración de los órganos judiciales.
Los partidos no deben ejercer la acusación popular
Lesmes, ha subrayado que los partidos políticos y sindicatos no deben ejercer la acusación popular ya que, en su opinión, esta personación en la causa se utiliza con el fin político de «aplastar» a la formación adversaria y, por tanto, «contamina» el procedimiento.
En este sentido, ha subrayado que «La acusación popular se utiliza con fines espúreos, como instrumento político«, ha dicho el presidente del órgano de gobierno de los jueces y ejemplarizado que en los grandes casos de corrupción que se están juzgando actualmente, hay partidos políticos acusados y las formaciones contrarias están personadas para «aplastar al adversario». «Los tribunales no se deben utilizar con esta finalidad», ha apostillado.
Respecto al tema de los aforamientos de los cargos políticos, Lesmes ha sostenido que se trata de «un mecanismo de defensa frente al uso y abuso de la acusación popular”.
Y ha hecho un llamamiento a las Asociaciones, para pedirles su colaboración y “hagan un esfuerzo de unidad”, aunque se ha mostrado desesperanzado porque eso suceda.
Lesmes defiende la imparcialidad de Conde-Pumpido
Lesmes también ha defendido la imparcialidad del juez instructor del alto tribunal Cándido Conde-Pumpido en la investigación que afecta a la senadora Rita Barberá y ha recordado que si la exalcaldesa de Valencia ve «contaminada» la causa, por el hecho de que el magistrado fue fiscal general del Estado designado por un gobierno socialista, tiene derecho a la recusación.
Así lo ha manifestado cuando ha sido preguntado por la comparecencia de Barberá -aforada por su escaño en la Cámara Alta– ante Conde-Pumpido por un supuesto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia en el marco de la Operación Taula, derivada del caso ‘Imelsa’.
Ante esto, el presidente del CGPJ ha destacado que Conde-Pumpido fuese fiscal general del Estado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no perjudica a la investigación contra Barberá: «el ejercicio de una magistratura no contamina a quién la ejerce, ni le hace perder su imparcialidad por sí misma», ha asegurado.
Así pues, ha recordado que si Barberá considera que su investigación por blanqueo de capitales está «contaminada», puede ejercer su derecho al uso de la recusación «y no lo ha hecho», ha añadido.
