El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes una iniciativa acordada por PP y Ciudadanos en la que se instaba al Ejecutivo a poner en marcha un pacto para modernizar la Justicia y garantizar su independencia desde el diálogo con las fuerzas políticas, los distintos operadores de la Justicia y los ciudadanos.
La Cámara Baja ha tumbado la Proposición no de Ley (PNL) de Ciudadanos por 169 votos en contra, ya que el PSOE, Unidos Podemos, Esquerra, el PNV y buena parte del Grupo Mixto han afeado a Ciudadanos que se trate de un pacto cuya redacción deja en manos del actual Ejecutivo.
Mientras Ciudadanos y el PP han defendido que «no se trata de un contrato de adhesión» sino tan solo de «un punto de salida» para pedir al Ejecutivo que impulse el dialogo con el resto de partidos. Estos no lo han visto así al entender que la propuesta es un «documento cerrado de medidas» que no apela al diálogo ni al consenso.
La PNL incluía una enmienda de Ciudadanos y del Grupo Popular en la que se ponía de manifiesto la necesidad de reformar el régimen de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial para que los doce de procedencia judicial fueran elegidos directamente por los jueces y magistrados, y no por los partidos como viene siendo hasta ahora.
También recogía la restricción a las denominadas «puertas giratorias», la reforma de la Ley de Tasas Judiciales, más medios humanos y materiales para la administración de Justicia, una reforma del Tribunal Constitucional, más inversión en tecnologías y el fomento de la Oficina Judicial y Fiscal.
Rechazo
Pese a la insistencia de Ciudadanos y del PP de que no es un «texto cerrado», el resto de grupo parlamentarios ha decidido rechazarlo.
Durante su turno de palabra, el diputado de Ciudadanos Marcial Gómez Balsera ha defendido la proposición en la que se califica de «preocupante» el actual estado de la Justicia y se propone, entre otros puntos, dotar de más partidas presupuestarias al sector, aumentar el número de jueces por habitantes o reestructurar el funcionamiento de los juzgados entre otros aspectos.
Balsera ha sostenido que el documento emplaza al diálogo con el resto de grupos parlamentarios para poner en marcha una Estrategia Nacional por la Justicia y ha recordado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el pacto de legislatura alcanzado entre las dos formaciones que incluía una reforma del régimen de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En este mismo sentido, el diputado Francisco Molinero (PP) ha querido dejar claro que el documento «ni es cerrado ni trata de imponer recomendaciones al resto de partidos».»Es el punto de salida, el comienzo de una hoja de ruta, para que el Gobierno impulse el diálogo con las fuerzas políticas, operadores jurídicos, expertos y ciudadanos hasta alcanzar una Estrategia Nacional por la Justicia, acorde con el Siglo XXI”.
Sin embargo, el PSOE no comparte el plan de PP y Ciudadanos por estar «definido conforme al exclusivo credo» del partido liderado por Albert Rivera. «No es el camino adecuado», ha dicho Juan Carlos Campo, consciente de que sin el apoyo de los socialistas, el proyecto de Catalá en esta legislatura tendrá series dificultades para salir adelante.
Tampoco Podemos ha apoyado la iniciativa por incidir en la Justicia como un poder del Estado y no tanto como un servicio público a los ciudadanos. «No mezclen las tareas con las recetas que ustedes dan», ha dicho Eduardo Santos, al asegurar que el problema con el sistema de vocales del CGPJ no es la elección parlamentaria sino el «partidismo» que impera en su designación.
Ni PNV ni ERC se han sumado a la propuesta.
