El ministro de Justicia, Rafael Catalá, comparecerá este lunes en el Congreso de los Diputados para exponer las líneas generales de la política de su departamento en esta nueva legislatura poniendo el foco en la redacción de un Código Procesal Penal y la revisión del sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para fortalecer la independencia judicial.
Catalá comparecerá en la Comisión de Justicia donde expondrá ante los grupos parlamentarios su objetivo de cara a estos cuatro años de concretar un pacto político bajo el nombre de Estrategia Nacional de Justicia que impulse una reforma integral en el sector con el fin de conseguir una justicia «independiente y fuerte» contra la corrupción.
Así lo expuso Catalá en su toma de posesión donde vaticinó que esta legislatura será «reformista» y se basará en el diálogo con partidos políticos y protagonistas del sector jurídico, principalmente en lo que se refiere a la revisión del sistema de elección de doce vocales del órgano de gobierno de jueces.
Según adelantó el ministro, está previsto que para esta primavera exista ya un consenso en torno a esta cuestión para que la elección directa de los mismos deje de ser potestad del Parlamento y recaiga en los más de 5.000 jueces que conforman la carrera judicial.
Catalá también adelantó hace apenas unas semanas que, en aras de adaptarse al modelo europeo, sería coherente promover una reducción de la figura de la acusación popular en España para avanzar hacia un modelo de justicia penal en el que la investigación quede atribuida al fiscal.
PAPEL DE LOS FISCALES EN LA INSTRUCCIÓN
Por ello es probable que el ministro busque el respaldo del resto de grupos en la elaboración de un Código Procesal Penal que incluya, entre otros aspectos, medidas que tiene que ver con la asignación de la investigación de las causas penales al representante del Ministerio Público, en línea con lo expuesto también por el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, partidario de que formaciones políticas y sindicatos no ejerzan la acusación popular.
Previsiblemente el ministro también expondrá sus medidas en materia de lucha contra la corrupción y, en concreto, en lo relativo al estudio de la limitación de aforamientos, la regulación por ley del derecho al indulto y la actividad de los ‘lobbies’ para hacerla más transparente. La revisión del sistema de tasas –uno de los aspectos más reclamados por la oposición– podría ser objeto también del análisis del ministro, principalmente después de que el Tribunal Constitucional tumbara parcialmente esta Ley en julio de este año.
AGILIZAR LA JUSTICIA
Agilizar los procesos judiciales es también una de las reivindicaciones más escuchadas por parte de los grupos parlamentarios, como se puso de manifiesto en la votación en la Cámara Baja de las propuestas a las Memoria del CGPJ de 2014, y que se concretó con la puesta en marcha por parte del órgano de gobierno de jueces de un plan de choque que ponga remedio a los «cuellos de botella» en las jurisdicciones más colapsadas.
Otra de las cuestiones clave en estos cuatro años va a ser la relacionada con la mediación judicial y al respecto el ministro ya dejó caer el pasado miércoles en la sesión de control al Gobierno que no se descarta mejorar el marco legislativo para incorporar «la obligatoriedad» de la presencia en las sesiones informativas que acuerde el juez con el fin de reforzar la mediación.
Se trata de un asunto requerido por prácticamente el conjunto del sector jurídico y con el que pretende fomentar la cultura del acuerdo a la par que descongestionar los tribunales. Por ello Catalá anunció que sobre este asunto hace falta poner en marcha campañas informativas y dijo que estarían «comprometidos» en esta «reforma de los valores democráticos» durante toda la legislatura.
REFORMA DEL REGISTRO CIVIL
El ministro también tendrá que lidiar con el descontento que ha generado en muchos sectores de la judicatura el uso de Lexnet, sistema de comunicación de los profesionales de justicia y cuyo uso pasará a ser obligatorio desde el próximo 1 de enero también para personas jurídicas, notarios y registradores, entre otros colectivos.
El departamento que dirige Rafael Catalá también ha anunciado su compromiso en la reforma del Registro Civil y que verá la luz en los próximos meses, por lo que es probable que también se refiera a este aspecto en su alocución en la Cámara Baja. En concreto expuso que se estaba trabajando en un registro «público, gratuito, electrónico y absolutamente seguro» de cara a conseguir una justicia «abierta, transparente y que rinda cuentas ante los ciudadanos». (EP)
