El Consejo General de la Abogacía Española cuestiona el Informe de los Economistas para que las tasas judiciales tengan más peso en la financiación de la Administración de Justicia y subrayan que las «ineficiencias económicas» no deben ser soportadas por los «ciudadanos, pymes y ONGs» a través de este tributo, que ya sufragan con sus impuestos.
A través de un comunicado, Abogacía recuerda que el Tribunal Constitucional ya declaró nulas las tasas judiciales el pasado mes de julio reparando así una «injusticia» que dificultaba el acceso a la tutela judicial efectiva, al tiempo que ha recordado que se trató de una normativa que contó con gran rechazo por parte de la sociedad.
Incluso «se presentaron cinco recursos de inconstitucionalidad respaldados por la Abogacía institucional y promovidos por el PSOE y por los Gobiernos de Andalucía, Cataluña, Aragón y Canarias, y numerosas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por juzgados de lo social, de primera instancia y de la Audiencia Nacional».
El CGAE sostiene que los datos comparativos a nivel europeo aportados por el Consejo General de Economistas para justificar un incremento de las tasas judiciales, la Abogacía ha argumentado que los datos recogidos en el Informe de los economistas se encuentran descontextualizados, ya que las tasas judiciales recaudadas en Austria y Alemania, incluyen los aranceles que se pagan al Registro de la Propiedad y Mercantil cuyas funciones en esos países se ejercen en sede judicial.
La Abogacía también cuestiona la propuesta del Consejo General de Economistas de aplicar un plan específico para reducir la tasa de litigiosidad en los tribunales españoles, y puntualiza que el elevado número de asuntos ingresados en los tribunales es un dato que se encuentra cuestionado no sólo por el Consejo de la Abogacía sino por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Y en este sentido apuntan que el Congreso de los Diputados también instó en mayo de 2014 al CGPJ a elaborar una estadística “real” de litigiosidad. Por otro lado, los recientes datos aportados por el CGPJ que reconocen una disminución del 36% en el número de asuntos ingresados en los tribunales entre julio y septiembre de este año también cuestionan el plan de los economistas para reducir la tasa de litigiosidad.
