El juez Álvaro Martín, que procesó a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha dejado este viernes el puesto de refuerzo que ocupaba en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla desde el mes de septiembre de 2013.
Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que, hace ya varias semanas, el magistrado remitió un escrito a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) donde manifestaba que no consideraba «oportuno» renovar la comisión de servicio al considerar que había realizado el trabajo encomendado.
Aunque el refuerzo concluye el próximo día 31 de diciembre, el juez de los ERE ha acabado ya su trabajo en el Juzgado al tener pendientes de disfrutar algunos días de vacaciones, tras lo que volverá a su Juzgado de lo Penal, en concreto el número 2.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió nombrar en julio de 2013 como nuevo juez de apoyo a Álvaro Martín, perteneciente a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Andalucía Occidental, para que la juez Mercedes Alaya pudiera dedicarse a las macrocausas que entonces investigaba.
De este modo, el CGPJ concedió una comisión de servicio con relevación de funciones al magistrado Álvaro Martín, que ejercía como titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla, para que pasara a apoyar al Juzgado de Alaya en sustitución de Rogelio Reyes, que consiguió el traslado a un juzgado de Dos Hermanas.
Tras la marcha de Alaya a la Audiencia y la llegada de la nueva titular, la juez María Núñez Bolaños le encargó las seis primeras piezas en que dividió el caso de los ERE irregulares, entre ellas la denominada pieza política referente al procedimiento específico que se empleó para conceder las ayudas investigadas, por el que han sido procesados 26 exaltos cargos de la Junta, entre ellos Chaves y Griñán.
Asimismo, el juez Álvaro Martín se ha hecho cargo de las piezas separadas relativas a las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones, las empresas Acyco, Surcolor y Surcolor Óptica S.A., y Cenforpre, y las ayudas a los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla José Enrique Rosendo y José María Sayago.
De las seis piezas, el juez ha concluido tres, como son las del procedimiento específico y las relativas a Acyco y Surcolor, de manera que la instrucción del resto de piezas la continuará la juez María Núñez Bolaños, que a partir de ahora únicamente contará con un juez de refuerzo en su órgano judicial, como es José Ignacio Vilaplana, encargado de los asuntos ordinarios. EP.
