La continua adopción de medidas de urgencia en materia tributaria es incompatible con la mínima seguridad jurídica necesaria en toda actividad económica, pero especialmente exigible por los inversores nacionales o extranjeros.
Esta es una de las conclusiones que aparecen en un informe que ha hecho público este martes la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), tras consultar a varios expertos en la materia con motivo de la aprobación del Real Decreto Ley 3/2016, que contiene trascendentales modificaciones en el Impuesto de Sociedades y que podrían constituir motivo de inconstitucionalidad.
Según este informe de la patronal, la retroactividad, al menos económica, de las modificaciones realizadas al impuesto no es admisible sino que es una técnica legislativa muy perjudicial, manifiestamente mejorable y deja en muy mal lugar la imagen de España.
Además, el uso del Real Decreto o del Real Decreto Ley debe ser la excepción y no la norma a la hora de elaborar normativa de carácter tributario.
En este sentido, señala que estas medidas deben, por lo general, anunciarse con la debida antelación y tratarse con los afectados, dando el tiempo necesario para recibir aportaciones y dejando que los grupos parlamentarios puedan proponer enmiendas.
