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Los Colegios de Abogados, claves en la crisis de las cláusulas suelo
13/1/2017 08:35
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Actualizado: 13/1/2017 08:41
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No parece muy sensato que nuestro Gobierno demore la solución a las cláusulas suelo en un escenario en el que está creciendo la excitación e incertidumbre. Desde afuera, nuestra banca no está dispuesta a dar su brazo a torcer como pensábamos en otro articulo que publicamos recientemente, mientras que los consumidores observan con preocupación las diferentes informaciones que les llegan.
En este escenario de creciente crispación, rumores, donde curiosamente los expertos en cláusulas suelo se multiplican a velocidad de vértigo, ha extrañado hasta la fecha el silencio de los Colegios de Abogados quienes han preferido estar al margen, como si el tema no fuera con ellos, de un asunto en el que el ciudadano afectado necesita asesoramiento desinteresado para saber qué hacer.
De la abogacía institucional solo hemos oído la voz del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) reclamando que ese mecanismo de resolución de la controversia entre la banca y los consumidores tenga carácter extrajudicial y gratuito, pero creemos que su papel tendría que haber sido mayor. Convocar un Pleno Extraordinario para analizar este asunto hubiera sido lo suyo y de ahí adoptar otras medidas más cercanas a la ciudadanía
Por esto mismo, resulta gratificante el acuerdo alcanzado este jueves entre la Generalitat Valenciana, con su consellera de Justicia Gabriela Bravo y la plana mayor de los colegios de abogados de esta Comunidad Autonóma. Crear un SOJ, Servicio de Orientación Jurídica centrado en las cláusulas hipotecarias parece lo más lógico y necesario, para que ese ciudadano perjudicado tome la decisión correcta.
Los SOJ, creados al amparo de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996, norma que muy posiblemente se reforme en esta legislatura, es un servicio que el ciudadano puede encontrar en los 83 Colegios de Abogados de nuestro país. En muchos casos es el preámbulo de entrada a la justicia y una forma de orientación que viene bien porque la cultura jurídica en nuestro país sigue siendo escasa.
Creemos que es muy importante el cometido del SOJ en este tipo de asuntos porque en función de la situación de cada afectado y sus posibilidades económicas, podrá elegir entre buscar un abogado especializado en el tema, acudir al Turno de Oficio u optar por la via de la negociación con su banco, siempre después de haber tenido la información precisa.
La iniciativa de los colegios valencianos sobre las cláusulas suelo tiene otra vertiente además. La formación de los propios abogados de esta comunidad en cláusulas suelo. Y este es otro elemento importante, sin lugar a dudas.
Preocupa y mucho la proliferación desde aquel 21 de diciembre en el que el TJUE falló en contra de la banca, de oportunistas jurídicos que esperan en este escenario cercano a la judicialización lograr un dinero importante pese a no ser expertos en la materia. Ser abogado en temas hipotecarios no se improvisa de un día para otro y se necesita preparación.
Que el Gobierno retrase y consensúe con la oposición el decreto ley para resolver el asunto entre la banca y las cláusulas suelo no es una buena noticia. Pero en este contexto de nerviosismo que ahora se abre no estaría de más que la actuación de la abogacía institucional , siguiendo el ejemplo de la Comunidad Valenciana, sirviera para apaciguar los ánimos.
Nunca los Colegios de Abogados han tenido una oportunidad tan clara como en esta crisis de las cláusulas suelo de demostrar que están muy cercanos al ciudadano y que velan por sus derechos fundamentales por encima de todo.
Su papel puede ser clave a la hora de las decisiones que tome el consumidor afectado por esas cláusulas suelo. Pero para ello necesita información objetiva y sin ningún tinte comercial a la hora de realizar su composición de lugar de su propia situación.
El conflicto de las cláusulas suelo no ha hecho más que empezar. Confiemos que el Gobierno no se deje impresionar por la banca y acierte en ese canal de reclamación que va a poner en marcha para que el consumidor recupere su dinero. Y que los Colegios de Abogados estén a la altura de las circunstancias.
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