El Ministerio de Justicia y las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas se han mostrado este martes de acuerdo en que el turno de oficio quede exento del gravamen del IVA, en contra de la propuesta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Así lo ha explicado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la rueda de prensa posterior a la Conferencia Sectorial, en la que se ha reunido con representantes autonómicos de las CC.AA. con competencias transferidas: País Vasco, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid, Principado de Asturias, Cantabria, Aragón y La Rioja.
Catalá ha señalado que el Ministerio de Hacienda decidirá en las próximas semanas si se aplica el IVA a la asistencia jurídica gratuita tras la interpretación hecha por la Dirección General de Tributos a una reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que obligaba al pago de este impuesto en Bélgica.
Algo que a su juicio no debería hacerse, pues el turno de oficio en España tiene una «naturaleza singular».
También ha incidido que en el caso de que se gravase el IVA a este servicio público, no recaería en los beneficiarios del mismo ni en los abogados, sino en la Administración.
Justicia aboga por que, en el supuesto caso que se aplique este impuesto, se aumenten los baremos -honorarios que reciben los profesionales- de forma proporcional a lo que supondría el gravamen.
El consejero de Presidencia de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que tiene «absolutamente claro» que no debe aplicarse el impuesto, ya que es algo que «nunca se ha hecho» y no ve que el pago debieran afrontarlo ni los ciudadanos ni los abogados, pero tampoco las comunidades.
En en mismo sentido se ha manifestado el consejero de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Carles Mundo, quien ha afirmado que «imponer el IVA a la justicia gratuita sería como ponérselo a una beca comedor», y por lo tanto ha instado al ministro a que acelere las negociaciones con Hacienda para que se mantenga la exención del impuesto.
«No hemos podido distinguir cuando el Gobierno está en funciones y cuando no lo está», ha denunciado Mundo, sin embargo, en referencia a la tardanza del Ministerio en avanzar tanto en esta cuestión, como en el resto de puntos tratados en la reunión.
CREACIÓN DE NUEVOS JUZGADOS
En el encuentro también se ha abordado la necesidad de crear nuevos juzgados y plazas públicas «donde se identifica una sobrecarga de trabajo» dijo Catalá, que ha informado de que, junto al Ministerio de Hacienda, Justicia intentará crear 85 unidades judiciales pendientes desde 2016.
En relación a la propuesta de creación de juzgados especializados en el tema de las cláusulas suelo a nivel provincial, Catalá ha señalado que esta medida garantizará la seguridad jurídica y certeza en la respuesta para quienes apuesten por la vía judicial para reclamar las cantidades.
Y ha anunciado que si para ofrecer una mejor respuesta judicial a los ciudadanos se tienen que crear oficinas de apoyo, «así se hará» y que además «se irán aumentando las plazas en función de la carga de trabajo que se vaya generando».
DESJUDICIALIZAR EL REGISTRO CIVIL
Por otra parte, se ha referido al compromiso de desjudicializar el Registro Civil y que sean los letrados de la Administración de Justicia -antiguos secretarios judiciales- y no los jueces los que lideren la responsabilidad en este asunto.
Al respecto, se ha comprometido a no reducir la plantilla y ha asegurado que este proyecto dará «garantía de empleo a los funcionarios y de presencia en todo el territorio».
Asimismo, Catalá ha señalado que la nueva configuración del Registro descansa sobre una herramienta informática en cuyo desarrollo se está trabajando y que sustituirá al actual sistema Inforeg. Asimismo, será preciso realizar una serie de adaptaciones normativas en la Ley 20/2011 para alcanzar el fin previsto por la norma y asegurar la cercanía del Registro Civil a los ciudadanos.
