El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha comunicado al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), en el curso de una reunión mantenida esta tarde en la oficina del titular de la cartera del ramo, que la asistencia gratuita seguirá sin estar sujeta al IVA.
«El CGAE valora positivamente el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Abogacía para que el servicio público de Justicia Gratuita siga sin estar sujeto a IVA», ha comunicado después el máximo órgano de representación de la abogacía española.
A la reunión han asistido asistido la presidenta del CGAE, Victoria Ortega; sus vicepresidentes, Sonia Gumpert -decana del Colegio de Madrid- y Oriol Rusca -decano del Colegio de Barcelona- y su secretario general, Ramón Jáudenes -decano del Colegio de Pontevedra-.
Catalá les ha trasladado la decisión del Gobierno que se traducirá en la presentación de una Proposición de Ley, consensuada entre PP y PSOE, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para reforzamiento del sistema y de la garantía del acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia, acuerdo del que dio cuenta Confilegal esta mañana.
«Una vez que se presente la propuesta de reforma en el Congreso de los Diputados, en los próximos días, la Dirección General de Tributos suspenderá de inmediato la aplicación de la consulta vinculante, con efectos retroactivos al 1 de enero, a la espera de la aprobación del nuevo texto legal», ha explicado el CGAE en una nota de prensa.
«El Consejo General de la Abogacía Española agradece al Ministerio de Justicia, en representación del Gobierno, el abierto diálogo mantenido desde finales de enero y su implicación para la resolución de este problema, que había provocado la protesta unánime de toda la Abogacía, hasta el punto de que se estaba estudiando la convocatoria de una huelga en el Turno de Oficio y diversas movilizaciones en toda España«, añade.
Además, subraya que va a seguir trabajando, en el marco de la Comisión constituida por el Ministerio de Justicia, «para que la Justicia Gratuita sea considerada un derecho de los ciudadanos y no un bien de mercado, y por la dignidad y el reconocimiento del trabajo que prestan 43.000 abogados y abogadas en cualquier lugar de España 24 horas al día, 365 días al año«.
