Rafael Catalá y Margarita Robles, presidenta de la Comisión de Justicia, al comienzo de una de sus comparecencias.
El 6 de abril Catalá responderá en la Comisión de Justicia a las 11 cuestiones planteadas por los parlamentarios
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14/3/2017 13:39
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Actualizado: 14/3/2017 14:15
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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, comparecerá el próximo 6 de abril ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para responder a las 11 peticiones realizadas por los distintos grupos parlamentarios por la supuesta injerencia política sobre el Ministerio Fiscal, corrupción, violencia de género o el IVA del turno de oficio, entre otros asuntos.
En esta comparecencia, como ocurrió recientemente con la del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, aprovecharán su presencia en el Congreso para preguntarle sobre algunos asuntos relacionados con la actualidad judicial
Los socialistas se centrarán en la supuesta injerencia política en asuntos fiscales y el IVA del turno de oficio
Los socialista quieren que Catalá informe de las actuaciones de su Departamento en relación con las denuncias del anterior «Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Murcia sobre las intimidaciones sufridas por su lucha contra la corrupción y la desprotección de la que ha sido objeto».
Por otro lado, también había solicitado su comparecencia para que informase de las acciones llevadas a cabo para la aplicación del Ministerio de Hacienda y Función Pública de «eliminar la exención fiscal de la que disfrutaban los abogados y procuradores que presentan sus servicios en el turno de oficio y las consecuencias que de ello se derivan». Algo que parece estar solucionado, tras el principio de acuerdo alcanzado la semana pasada, pero que aún no se ha firmado.
Podemos quiere hablar de libertad de expresión e independencia fiscal
Para ello, preguntará al ministro por las reformas legislativas e institucionales que son necesarias para evitar condenas de cárcel como la del cantante de Def con Dos, César Strawberry, que menoscaba la libertad de expresión, una cuestión que también extienden en otras petición al caso del cantante Miguel Arenas Beltrán, alías Voltonyc.
Además, la formación morada, pedirá al ministro «que explique si han existido recomendaciones e indicaciones por parte del Ministerio de Justicia hacia el fiscal general del Estado para influir en la amplia renovación de la cúpula del Ministerio público llevada a cabo el día 22 de febrero.
Ciudadanos le interpelará sobre corrupción y violencia de género
Por su parte, Ciudadanos le requerirá que aclare «las medidas tomadas por su Ministerio en relación con la independencia orgánica de la Fiscalía y su capacidad de investigación de casos de corrupción, así como para informar si ha tenido conocimiento de alguna presión sufrida por cualesquiera miembros del Ministerio Fiscal con motivo de la iniciación de investigaciones en el seno de la misma».
También le preguntarán por las «circunstancias y medidas que han fallado en los últimos casos de asesinatos por violencia de género».
El Grupo Mixto ha planteado cuatro cuestiones
Quieren conocer «su intervención» ante la Fiscalía General del Estado y ante el presidente de la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez en relación con los presuntos delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada, de los que era acusado este último. También le piden que informa «sobre el origen de las informaciones reservadas que, con anterioridad al auto, conocía del presidente de la citada Comunidad Autónoma».
También le solicitan a Rafael Catalá que explique su expresión «concepto impropio en una democracia», en relación a la concentración de más de 40.000 personas apoyando al presidente Artur Mas y a las consejeras Ortega y Rigau que, «en cumplimiento de un mandato del Parlamento, dieron apoyo como Gobierno de Cataluña a la consulta del 9N«. Sobre este mismo asunto, quieren que el ministro de cuenta de los informes que dispone para «la aplicación del artículo 155 de la Constitución, si se celebra un referéndum en Cataluña».
Por último, interpelarán al ministro sobre «las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar la independencia y objetividad de la Justicia, Fiscalía y Poder Judicial en España, visto que el Estado español ocupa el puesto 23 de entre los 28 Estados miembros de la Unión Europea».
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