El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha mostrado este jueves confiado en que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) pueda ser «superada» en la legislatura «en paralelo» al nuevo estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
Aunque ha puntualizado que se requiere «mucho consenso» para dotar a la nueva LECrim de una «calidad democrática» que le aporte una «estabilidad equivalente a la ley a la que vendría a sustituir», ha dicho.
En el transcurso del acto de clausura del curso ‘Ciberdelincuencia, sociedad de la información y menores’ que la Asociación de Fiscales ha organizado en la sede de la UIMP en Cuenca, Catalá ha agregado que la actual Lecrim es una ley «exhausta, agotada y parcheada, con alguna pérdida de sistemática y coherencia interna», aunque la reforma parcial introducida en 2015 ha «empezado a surtir sus efectos».
Una reforma cuyo objetivo «más importante» fue, a su juicio, regular por primera vez la utilización de las nuevas tecnologías para la investigación y enjuiciamiento de delitos, destacando entre sus logros la regulación de la posibilidad de llevar a cabo registros remotos de equipos informáticos, el desarrollo y regulación de la figura del agente encubierto en la red o la orden de conservación rápida de datos, «que evita el borrado y la desaparición de información» relacionada con ciberdelitos.
A este respecto, ha remarcado que, en esta «sociedad del riesgo», las nuevas tecnologías «no deberían ser parte del problema, sino más bien lo contrario» y que, para luchar contra la ciberdelincuencia, «lo mejor es conocer las herramientas que utiliza y ser capaces de usarlas» en su investigación y enjuiciamiento.
Catalá ha defendido que estas reformas están incluidas en un cambio de modelo, que ha calificado de «auténtica revolución», e incluye nuevas «reglas procesales que superen el viejo modelo tradicional y dote de agilidad, eficiencia y eficacia a nuestro proceso penal».
ESTATUTO DEL MINISTERIO FISCAL
Con respecto al nuevo estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, el objetivo es que «actualice, fortalezca y dote de herramientas propias de gestión» a este estamento, que atienda a sus necesidades formativas, operativas y organizativas y refuerce su autonomía para el desempeño de sus nuevas funciones.
Un nuevo estatuto que «prevea» un incremento de la «potestad reglamentaria» del Ministerio Fiscal, así como su «singularización presupuestaria», otorgue mayor protagonismo al Consejo Fiscal y las Juntas de Fiscalía o facilite la «discrepancia jurídica mediante mecanismos transparentes». (CONFILEGAL/EP)
