El portavoz socialista de Justicia, Juan Carlos Campo, ha urgido a fijar, de manera inmediata, una fecha para la comparecencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en relación con todas los datos que se están conociendo con la Operación Lezo.
El Grupo Socialista ha pedido en la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces de la Comisión de Justicia que se aceleren los trámites para la calificación de ambas solicitudes de comparecencia y que se fije una fecha para que puedan celebrarse “a la mayor brevedad posible”.
Unos trámites, que según ha podido saber Confilegal ya se han iniciado y ahora se están buscando fechas, en principio, Maza y Catalá podrían comparecer el día 10 de mayo, a falta de confirmación.
“Los acontecimientos que estamos conociendo diariamente tienen tanta gravedad que no podemos esperar”, ha dicho Juan Carlos Campo, tras conocerse la existencia de un SMS del Ministro de Justicia, Rafael Catalá al ex presidente madrileño Ignacio González. “Tenemos que adelantarnos a los tiempos de los trámites parlamentarios, que no siempre son suficientemente ágiles, para que los acontecimientos no nos desborden, e intentar que se apruebe hoy el calendario para que, de la manera más rápida posible, comparezcan en el Congreso el Ministro de Justicia y el fiscal general del Estado”.
El portavoz socialista señala que ambos deben explicar “qué conversaciones ha habido, con quién se hablaba, de qué se hablaba, por qué tenían ciertas informaciones y cómo se han podido utilizar”.
“Aquí no estamos criminalizando relaciones de amistad –ha dicho Campo sobre la relación entre Catalá e Ignacio González- se cuestiona que fruto de esa amistad se otorga una información que no debiera salir. Cada uno tiene los amigos que quiera, pero cada uno tiene que ser consciente de que el ejercicio de sus funciones tiene unos límites y eso son líneas rojas que no se pueden traspasar”, recalcó.
Por otro lado, Juan Carlos Campo ha asegurado que el PSOE apoyaría también la comparecencia en sede parlamentaria del fiscal anticorrupción, Manuel Moix, solicitada por otros grupos parlamentarios.
Esta petición se ha producido justo después de la competencia ante la Comisión de Justicia, de la secretaría de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés Martín; la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán y del Secretario General de la Administración de Justicia, Antonio Dorado, que han explicado los presupuestos del departamento para 2017.
