El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha recomendado a los miembros del Ejecutivo, secretarios de Estado y altos cargos de la Administración Pública que publiquen toda su agenda de trabajo, incluidas las visitas, viajes oficiales, actos y eventos institucionales así como todas las reuniones que mantengan en el ejercicio de las funciones públicas.
El organismo ha lanzado esta petición el mismo día que el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, comparece en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre su reunión con Pablo González, directivo de Mercasa y hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, al sospechar que estaba siendo investigado.
Nieto ha señalado que recibió durante 15 minutos a González, en un encuentro que estaba en agenda, en el despacho oficial, «a la vista de todos los trabajadores de la Secretaría de Estado» y en una cita que «jamás se ha ocultado».
En un comunicado, el Consejo de la Transparencia solicita que la publicación se haga en la página web o portal del organismo, con una periodicidad semanal, en formato reutilizable y accesible.
Pero por razones de adaptación de las actuales agendas y procesos de trabajo de los destinatarios de la recomendación, el órgano establece un plazo de seis meses para que los miembros del Gobierno y secretarios de Estado adopten su contenido. Sucesivamente, da un segundo plazo de la misma duración para que lo hagan el resto de los altos cargos y los responsables públicos.
La ley de transparencia, aprobada en 2013, no obliga expresamente a que los organismos públicos informen de las agendas de sus responsables. El Gobierno, con carácter voluntario y como compromiso de transparencia, publica en la web institucional de Presidencia una agenda con los actos institucionales del presidente y los ministros que son objeto de cobertura informativa.
INFORMACIÓN INSUFICIENTE
Sin embargo, la información contenida en esta agenda institucional es considerada insuficiente por la ciudadanía y la sociedad civil que, en los últimos dos años, han formulado numerosas solicitudes de información y reclamaciones para conocer los datos relativos a las agendas de los altos cargos públicos, respecto a las reuniones que habían mantenido y las visitas recibidas.
Ante esta demanda de información, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha considerado conveniente dirigir una recomendación al respecto. Y lo ha hecho teniendo en cuenta lo que publican otros países del entorno y varias Comunidades Autónomas, donde la publicación de las agendas de los responsables públicos viene requerida por ley.
En otros países la publicación de las agendas de los responsables públicos lo exige la ley o bien ha sido asumida voluntariamente dentro de la práctica de rendición de cuentas de la actuación pública.
En España, aunque la ley de transparencia estatal no incluye esta obligación directa, algunas normas de transparencia autonómicas –concretamente, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Región de Murcia– han incluido la publicación de las agendas dentro de sus obligaciones.
Asimismo, algunas ordenanzas municipales ya regulan y prescriben la obligación de desarrollar agendas transparentes e, incluso, han determinado su formato, el alcance de obligaciones y los contenidos concretos. (EP)
