El Pleno del CGAE rechaza por unanimidad el plan de concentrar en juzgados de capitales de provincia las demandas hipotecarias
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19/5/2017 15:48
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Actualizado: 19/5/2017 15:48
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Sin ningún voto en contra, y tras la votación pertinente de la moción presentada por los Colegios de Abogados de Lorca y Cartagena, el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), reunido este viernes en el Colegio de Abogados de Barcelona ha aprobado por unanimidad, sin ningún voto en contra, rechazar el plan consensuado entre CGPJ y Ministerio de Justicia de concentrar la avalancha de demandas hipotecarias que se avecinan en juzgados de algunas capitales de provincia. Se calcula que solo en cláusulas suelo podrían alcanzarse el millón y medio de afectados.
Según ha podido saber CONFILEGAL, el Pleno del máximo organismo de representación colegial de la abogacía, habría acordado mostrar su disconformidad por el citado plan que según fuentes de esta entidad solo harían colapsar juzgados, ya de por sí con carga de trabajo importante. En el caso de Madrid, parece que podría ser más lógico dividir la carga hipotecaria en sus 205 juzgados de primera instancia que concentrarlos en uno solo. De esta forma, los primeros cálculos hablarían de mil hipotecas por juzgado y un retraso aproximado de mueve meses en la capital de España.
Este plan “ cocinado” entre el Ministerio de Justicia y el CGPJ desde el pasado mes de febrero, poco después que entrase en vigor El Real Decreto 1/2017 del 20 de enero que obligó a las entidades bancarias a articular un sistema interno y gratuito para los afectados de devolución de los importes cobrados en exceso por las cláusulas suelo, cumple cuatro meses, tres teniendo en cuenta el mes ‘de gracia’ que se concedía a los bancos para que lo aplicaran de forma efectiva, sin excesivas novedades de momento.
Desde el CGAE se observa que el llamado Real Decreto Guindos no ha cumplido por tanto las expectativas que se habían generado, por el escaso impacto que hasta ahora ha generado. La sensación que existe es que a partir de junio de 2017 se va a producir un aluvión de demandas judiciales sobre cláusulas suelo. La preocupación es notable sabiendo la escasez de medios de nuestra administración de justicia y que no se van a crear más juzgados nuevos para dar salida a todas estas reclamaciones.
La idea que subyace en este plan sobre la concentración de las demandas hipotecarias en juzgados de provincia es utilizar funcionarios y jueces de adscripción territorial para estos juzgados que se establezcan. No parece algo muy lógico, sabiendo la situación de nuestra justicia y lo único que puede generar, indican desde el CGAE es que el atasco existente en la actualidad de unos juzgados pase a otros.
El otro peaje en la sombra de situaciones de este tipo es que un ciudadano afectado de la localidad madrileña de Aranjuez tendrá que coger su coche y acercarse a Madrid para resolver su asunto. Hace unos días, Carles McCragh, presidente del Consell de la Abogacía Catalana, advertía que ese tipo de situaciones no eran las más ideales y que con este tipo de actuaciones lo que se lograría era alejar la justicia del ciudadano y que algunos de ellos desistieran de reclamar lo que es suyo.
Curiosamente, esta medida parece una vuelta al pasado, hasta la reforma del 2015 solo los juzgados mercantiles estaban centrados en estos temas, situación que se generalizó a los juzgados de primera instancia. Ahora, la sensación que se tiene desde la abogacía es la de volver hacia el procedimiento de hace año y medio de concentrar los asuntos en unos únicos juzgados. No parece muy lógico que ante la avalancha de asuntos que se avecinan se decida por este movimiento de concentración.
Hay que utilizar todos los recursos existentes
La alternativa que se ha planteado en el debate previo a la votación es que Ministerio y CCAA con competencias transferidas utilicen todos los recursos que tengan a su alcance para afrontar las miles de reclamaciones hipotecarias que empezarán a llegar desde el próximo mes de junio. En esta estrategia también habrá que contemplar los refuerzos adecuados en aquellos juzgados que más lo necesiten en cada momento.
Sin embargo la ecuación cinco mil jueces para millón y medio de hipotecas deja claro que la situación puede complicarse mucho en las próximas semanas. Salvo que se instaurase otras medidas que impulsarán un cuarto turno, contar con más jueces supondría con dos años de espera tras la formación de estos profesionales en la Escuela Judicial. Una espera que no ayudaría a resolver la situación actual de nuestros juzgados.
Tras la reunión del Pleno de la Abogacía se ha entregado a Carlos Carnicer, anterior presidente del Consejo General de la Abogacía, la medalla de oro del Consell de la Abogacía Catalana por su defensa permanente de los derechos humanos, labor que Carnicer ha llevado a cabo durante su presidencia de la Abogacía y desde la Fundación Abogacía.
También se aprobó conceder la Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía al decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara. La propuesta partió de la presidenta del CGAE, Victoria Ortega. Esta es la más alta distinción que se concede para honrar a personas destacadas en el ejercicio de la profesión y para expresar su reconocimiento y agradecimiento por su trabajo. Lara es ahora adjunto a la Presidencia del CGAE y durante los años 2012-2015 fue vicepresidente, miembro de la Comisión Permanente y presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del CGAE.
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