Madrid contará con al menos un juzgado en el que se concentrarán las demandas sobre cláusulas suelo tras las últimas reuniones entre Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la propia Consejería de Justicia Madrileña. “Nuestra comunidad va a tener el 60 por ciento de las demandas de toda España”, explica a CONFILEGAL, Yolanda Ibarrola, directora general de Justicia, quien explica que la idea del CGPJ fue aceptada casi de inmediato por el propio Consejero de Justicia y Presidencia Ángel Garrido.
En España hay un millón y medio de afectados por cláusulas abusivas hipotecarias en estos momentos.
Según ha podido saber CONFILEGAL la especialización de este juzgado, ya existente, en cláusulas suelo, debería estar ya operativo para primeros de junio. Los expertos señalan este mes como el de la avalancha de demandas sobre cláusulas suelo porque el Real Decreto que impulso el ministro Luis de Guindos a primeros de enero no ha funcionado y dejaba un margen para las reclamaciones, tal y como se indicó este viernes en el Pleno del CGAE que, paradójicamente rechazaba esta medida.
Desde la citada Dirección de Justicia se insiste en que es fundamental por “la defensa de los intereses de los madrileños que esta medida no se demore ni un día”. En estos momentos estamos cerrando la ubicación de estos juzgados con la propia Dirección General de Patrimonio “Lo que tiene pensado el CGPJ es que se asigne el reparto al último juzgado de primera Instancia, el 101 que se convertiría en 101bis que conocería todas estas demandas de cláusulas abusivas”, aclara Ibarrola.
Desde su punto de vista esta es la mejor medida existente para dar respuesta a las cerca de 80.000 demandas hipotecarias que se avecinan, cálculo ya hecho desde la Comunidad de Madrid de lo que puede llegar a los juzgados madrileños “si repartíésemos todas las demandas en todos los juzgados se colapsarían y no podrían hacer su trabajo habitual en el resto de los temas de naturaleza civil para los que fueron creados”.
Ese es el motivo por el que, siguiendo los consejos del CGPJ, impulsor de ese Plan Nacional de juzgados especializados en hipotecarios y con el visto bueno del presidente del TSJ de Madrid, se última ya la especialización de un juzgado de los ya existentes. “Tenemos claro que cuando llegue a un número determinado de asuntos se especializará otro juzgado ya existente y así sucesivamente”. Ibarrola no puede precisar en estos momentos cuántos juzgados podrían sufrir dicha especialización.
La Directora General de Justicia explica a este periodista que esta es una medida ahora importante para el Gobierno de Madrid “hay que ayudar a todos los madrileños afectados en esta cuestión de cláusulas abusivas a que resuelvan su asunto lo antes posible y reciban ese dinero que pagaron de manera indebida en su momento”. Ibarrola subraya que en este proyecto trabaja conjuntamente con el CGPJ y el presidente del TSJ de Madrid, Francisco Javier Vieira que apoyan esta medida.
Para este primer juzgado el CGPJ ha confirmado, según la propia directora general de Justicia, que se van a nombrar un juez, dos letrados de la administración de justicia y diez funcionarios para dar contenido al primer juzgado especializado en cláusulas hipotecarias. “En el momento que se llevase a un número ya establecido de demandas, se crearía un segundo y así de forma sucesiva, hay que repartir la carga de trabajo”, afirma.
Para Ibarrola aún hay esperanzas que la banca, que hasta ahora su respuesta a estos temas y colaboración con el ciudadano ha sido muy escasa, se centra únicamente en un 5% los asuntos que se hubieran podido solventar con el citado Real Decreto Guindos, pueda sentarse a negociar con los ciudadanos afectados. “Bankia ya ha afirmado que pagará a sus clientes afectados y en el caso del BBVA se ha dejado entrever que quiere llegar a acuerdos con sus clientes. Veremos qué sucede en los próximos días”.
Yolanda Ibarrola reconoce que tiene el encargo del Consejero Ángel Garrido de actuar lo más rápidamente posible en este tema hipotecario que afecta a tantos madrileños “Creo que hay que darse cuenta que no es incompatible ese Real Decreto de enero que aún está vigente con la puesta en marcha de estos juzgados especializados. Habrá ciudadanos que quieran llegar a un acuerdo con su banco y otros que prefieran la vía judicial, más larga y a veces más compleja”.
