Los grupos de PSOE, Podemos y Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Madrid han registrado este jueves en la sede de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada una ampliación a la denuncia que presentaron en marzo con nuevos datos sobre posibles irregularidades en la compra por parte del Canal de Isabel II de la filial brasileña Emissao y de la colombiana Inassa.
La portavoz socialista en la comisión de estudio sobre la auditoría del Endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid, Mercedes Gallizo, ha asegurado que con esta ampliación se trata de aportar documentación y datos que creen «muy relevantes» aparecidos a raíz de la operación Lezo, en la que fueron detenidos antiguos máximos responsables del Canal, entre ellos el expresidente autonómico Ignacio González.
Entre esos datos nuevos está un informe de un despacho de abogados de Uruguay que intervino en la sociedad instrumental creada para comprar Emissao, una información «con muchos datos de interés para la investigación», ya que fue la que realizó la primera constitución de la primera empresa pantalla con la que supuestamente se compró Emissao».
Gallizo ha registrado también en la ampliación de denuncia las respuestas del Gobierno regional a peticiones de información que los diputados habían solicitado hace muchos meses. «Yo tuve que pedir amparo a la Mesa y nos han proporcionado al final datos de contratos de asesorías del Canal tanto en España como en América y hemos descubierto cosas que nos han llamado la atención y para el objeto de investigación, con cantidades millonarias», ha dicho.
Precisamente, han aportado información sobre asesorías contratadas por el Canal sin mediar concurso público. «En algunas hemos visto que no existe documentación. Hemos pedido información pero nos dicen que no hay informe porque era una asesoría verbal con funcionarios, que era sorprendente», ha criticado.
La diputada socialista también ha enjuiciado que la misma empresa que se encargaba de esas asesorías concretas era la misma que se contrató «a un precio altísimo» para las auditorías generales de la empresa pública de aguas, «lo que es contradictorio por el papel de independencia que debe tener una auditoría». «Llama muchísimo la atención que con todo lo que estamos conociendo del Canal desde sus orígenes no hayan detectado ningún tipo de irregularidad que hiciese constar en sus informes», ha añadido.
En la ampliación de denuncia los parlamentarios de PSOE, Podemos y Ciudadanos han destacado el papel de algunas personas concretas en las que «parece acreditado un cierto enriquecimiento personal», pero no quieren que la investigación sólo quede ahí porque ellos «tienen la obligación de defender el dinero de los madrileños, saber qué ha sucedido, a donde ha ido y cuántas complicidades ha generado».
«Hay gente que se ha llevado dinero a casa y gente que ha utilizado dinero público para financiera actividades políticas y otro tipo de actuaciones rechazables y tan corruptas como el que se lleva el dinero a una cuenta en Suiza», ha añadido Mercedes Gallizo.
