El Juzgado de Primera Instancia 25 bis de Valencia ha recibido en los primeros 15 días de funcionamiento 300 demandas por cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.
Se trata de demandas relativas a litigios relacionados con las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
El juzgado, creado el 1 de junio, aunque en el caso de Valencia no echó a andar de manera efectiva hasta el día 6, cuenta con un juez en prácticas, un letrado de la Administración de Justicia (LAJ) y cinco funcionarios: dos gestores, dos tramitadores y un auxilio.
«Las estadísticas nos dicen que, de seguir así, y es previsible que el ritmo de entrada de asuntos no sólo se mantengan sino que vaya en aumento, sería necesario reforzar el juzgado a mediados de julio, mes y medio después de su puesta en funcionamiento», señala el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer.
Según Viguer, «si en 15 días han entrado 300 asuntos; en mes y medio alcanzaríamos los 900, que es la cifra que estableció el Consejo para que se incorporara al Juzgado un segundo juez y cinco funcionarios«.
El Juzgado especializado para las cláusulas suelo en Valencia, el 25 bis, ha recibido en una semana el triple de juicios ordinarios que el resto de los 22 Juzgados de Primera Instancia de la capital juntos.
Así, mientras el 25 bis registró 300 demandas, en los otros 22 juzgados entraron, en conjunto, 96 demandas por juicios ordinarios, según las el TSJV.
Este tipo de procedimiento, el juicio ordinario, es aquel en el que se dilucidan pleitos por reclamaciones superiores a 6.000 euros: indemnizaciones por accidentes de tráfico, preferentes, acciones y otros productos financieros complejos, vicios constructivos, incumplimientos contractuales, demandas contra el derecho al honor y otros derechos fundamentales o arrendamientos.
Las Audiencias Provinciales exigen refuerzos
El comunicado del TSJV hace también mención a una de las conclusiones adoptadas la semana pasada por 41 presidentes de las Audiencias Provinciales de España que exigían al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la aprobación de un plan urgente de refuerzo de las secciones civiles que pudieran verse afectadas por la «proliferación esperada» de recursos de apelación interpuestos por cláusulas suelo.
En las conclusiones de dichas jornadas, como ya adelantó CONFILEGAL se indicaba «que el refuerzo debe recaer en las Secciones a las que la ley atribuye el conocimiento de las anteriores materias, sin que este reparto exclusivo compense con otros asuntos de distinta naturaleza atribuidos al conocimiento de las demás Secciones de la misma Audiencia Provincial, en forma similar al plan de urgencia aprobado para los órganos unipersonales».
Y, en su defecto, «el CGPJ debería fijar como criterio orientativo, el porcentaje de compensación que a cada asunto de tal naturaleza le corresponda en el reparto con otros distintos”.
Con ello, remiten así a la designación de los 54 juzgados de Primera Instancia repartidos por toda la geografía española para tramitar de forma exclusiva, desde principios de mes, este tipo de demandas, después de que el Tribunal Supremo, a instancias de la alta justicia comunitaria, reconociera el derecho de los perjudicados a percibir las cantidades de más abonadas indebidamente por tal concepto.
