El alcalde de Lleida (PSC-PSOE), Ángel Ros i Domingo, la teniente de alcalde de Hacienda y Transparencia, Montserrat Mínguez García, y la concejala de Seguridad Ciudadana, Sara Mestres Llusa, han sido denunciados por el concejal del grupo El Comú de LLeida, Carlos González Iglesias, por supuestamente anular, dejar prescribir o perdonar indebidamente, con diversas excusas y de forma sistemática, multas de tráfico, zona azul o radar.
Los «beneficiados», según la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, son varios concejales del municipio, un exalcalde y diversas personalidades de la ciudad entre las cuales constarían, diputados, abogados, sindicalistas, altos cargos del Poder judicial y sus familiares así como empresas bien relacionadas, dice la denuncia, a la que ha tenido acceso Confilegal.
La denuncia dice que tales supuestas irregularidades graves podrían ser constitutivas de los «delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos de forma continuada, realizados por autoridades públicas municipales».
Junto a la denuncia, el concejal de El Comú de Lleida adjunta una memoria USB que contiene 665 documentos repartidos en 61 carpetas y 3 ficheros en hoja de cálculo.
«Vistos los numerosos listados y sanciones dadas de baja por diversos motivos entendemos que puede confirmarse una «lista blanca» de personajes y empresas sobre los que el Ayuntamiento de Lleida filtra las multas, perdonando o dejándo que prescriban», afirma la denuncia.
«Muchas de las sanciones analizadas corresponden a agentes de la concesionaria de la Gestión de la Zona Azul municipal, llegando esta investigación hasta el 2015», añade.
Al denunciante le llama la atención de forma especial que «ante la llamada prescripción normal por paso del tiempo, encontramos casos en los que prescriben sanciones antes de tiempo, o muy pasado el tiempo, o incluso cuando se encuentra en ejecución voluntaria o ejecutiva. Estos casos, a efectos de mayor opertividad, van marcados con un *».
Entre los supuestos beneficiados, afirma González, hay 15 cargos electos, 12 funcionarios, 9 empresarios y 16 personas -familiares de políticos, regidores, funcionarios municipales colaboradores, miembros de sociedad civil y/o de las listas electorales del PSC.
