La presidenta del Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez; el portavoz de Juezas y jueces para la Democracia (JJpD), Ignacio González Vega; el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Manuel Almenar y el portavoz de Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Raimundo Prado.
La unidad de los jueces arranca al Ministerio compromisos concretos para mejorar la Justicia
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06/7/2017 04:59
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Actualizado: 06/7/2017 20:55
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Las cuatro asociaciones judiciales aseguran «que están todas juntas en las propuestas de mejora de la administración de la Justicia y de la independencia judicial» y que, tras su reunión con el ministro de Justicia Rafael Catalá, han logrado «una serie de compromisos concretos que esperan que se cumplan en los próximos meses», porque lo que está en juego es el interés de la ciudadanía.
En rueda de prensa, los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Manuel Almenar; de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Raimundo Prado; de Juezas y jueces para la Democracia (JJpD), Ignacio González Vega y el Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez, han informado sobre la reunión mantenida esta mañana con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y su equipo ministerial.
Allí, los portavoces de las representantes judiciales han reivindicado muchas cosas al ministro. Entre ellas, reforzar la independencia judicial mediante la modificación del nombramiento de vocales del CGPJ para que no sean una «mera correa de transmisión de los partidos», «lograr que vuelva a ser un órgano colegiado y no presidencialista», «aumentar la plantilla de jueces, potenciar la salvaguarda de la independencia judicial e implantar «de verdad» las nuevas tecnologías en la administración de Justicia.
Como ha asegurado el presidente de la APM, Manuel Almenar, que ha sido de concretar las medidas expuestas ante el Ministerio, éstas se centran en tres ejes: reforzar la independencia judicial con el fin de eliminar el «sentir o la percepción general» de que la justicia está politizada; la modernización de la Administración para dotarla de «calidad y eficacia»; y la «mejora en las condiciones profesionales» para poder desempeñar una «funciones mínimas exigibles», «trabajar con la serenidad necesaria».
En este sentido, ha resaltado que «no puede haber una justicia de primera y otra de segunda, dependiendo de dónde se viva. Es preciso apostar por una de primera para todos». «La justicia española tiene solución y está a nuestro alcance». Y por ello, ha apelado por «un Pacto de Estado por la Justicia o de una estrategia nacional de la Justicia, que las principales fuerzas políticas se pongan de acuerdo».
Almenar también ha explicado que este mes se reunirá un grupo de trabajo de expertos para la implantación del expediente judicial y ha anunciado la creación de una comisión de seguimiento para comprobar que se cumplen los plazos fijados.
Por su parte, Ignacio González Vega (JJpD) ha incidido en su intervención en resalta la «unión» de las cuatro asociaciones a la hora de «liderar un movimiento de mejora de la administración de Justicia», son «14 puntos concretos» y ha explicado que próximamente se reunirán con el CGPJ y los cuatro principales grupos parlamentarios para abordar esta medidas. Y, al menos mostrar «el consenso que existe entre las asociaciones judiciales a volver al modelo del Consejo General del Poder Judicial anterior a la Ley Gallardón».
En el mismo sentido se ha pronunciado Concepción Rodríguez, (presidenta del FJI), al señalar que solo pretenden una «mejora de la Justicia».
«Durante muchos años los jueces hemos dedicado cuerpo y alma a dar cumplimiento a nuestra labor en unas condiciones que no nos han permitido ocuparnos de nuestros propios derechos. Eso se tiene que acabar», ha subrayado.
Para el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Raimundo Prado, «Hay un bastión fundamental para conseguir un Estado de Derecho y es la justicia». «En España, la justicia se ha convertido en el bastión contra la corrupción, contra las empresas dominantes a nivel europeo y contra excesos de la Administración Pública».
Por ello, ha subrayado que «una justicia fuerte es esencial en un país moderno«. Sin embargo, «siempre hemos tenido dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, que han querido fagocitar al Poder Judicial». Y esos «no es bueno para los ciudadanos».
Independencia Judicial
«A nadie se le ocurre que los representantes no elijan a los representados y esos ocurre en España con la carrera judicial«, y eso ocurre «porque los partidos políticos quieren hacerlo», según Raimundo Prado.
«Es necesario que los miembros del CGPJ sean elegidos, al menos la mitad de ellos, por y entre sus pares«, indicaba Concepción Rodríguez, quien ha recordado que su asociación «nunca ha querido participar, ni nombrar candidatos para vocales del CGPJ».
Y ha resaltado que «lo democrático no es que un poder del Estado controle otro poder del estado. Lo democrático es que los gobernados elijan a sus gobernantes».
En su intervención, Rodríguez también ha querido resaltar que desde FJI, «somos contrarios a la creación de los juzgados especializados en cláusulas suelo del CGPJ porque se vulnera el principio del juez predeterminado por ley».
Por su parte, desde JJpD, en este asunto han querido remitirse a las encuestas y señalar que «el grado de percepción que tienen los ciudadanos sobre la independencia de la justicia es muy preocupante«.
Algo no solo atribuible a que el «CGPJ no responda a los criterios de independencia, sino también a las injerencias políticas y del Ejecutivo», y su portavoz, Ignacio Gonzalez Vega ha puesto como ejemplo «los casos de los nombramientos de la Fiscalía y del propio Consejo General del Poder Judicial». En este sentido ha exigido mayor «transparencia» y que se cumplan los criterios de «mérito y capacidad».
También han reclamado «cambiar el CGPJ, que vuelva a ser un órgano colegiado y no presidencialista», además de recuperar la Dedicacion exclusiva de los vocales.
En este sentido, el Ministerio de Justicia se ha comprometido a estudiar y apoyar una iniciativa de reforma legislativa que cuente con el apoyo mayoritario de la carrera. En todo caso, debería estar preparada para ser presentada en el mes de octubre, de manera que dé tiempo a su tramitación parlamentaria antes de mayo/ junio.
Demanda contra el CGPJ por prevención de riesgos
Además, los representantes judiciales han anunciado que van a presentar una demanda conjunta frente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «en materia de prevención de derechos laborales».
Una medida que responde, según palabras de Raimundo de Prado (AJFV) a que «En el CGPJ no han querido hacer su trabajo y curiosa y paradójicamente los jueces tenemos que acudir a la Justicia para que se respeten nuestros derechos».
«Nosotros intentamos poder dar una respuesta adecuada a los ciudadanos y ahora mismo con los medios que tenemos y con la carga de trabajo es imposible dar esa respuesta adecuada«, señala Concepción Rodríguez, que insiste en «que es necesario contar con un mayor número de jueces apara acercarnos a la media europea».
Almenar puntualizado que «si España necesita 100 inspectores de Hacienda el correcto cumplimiento de obligaciones fiscales, al menos harán falta el doble de jueces para garantizar los derechos de los ciudadanos«. Le dejo a ustedes que estén vigilantes para ver el número de plazas de jueces que se crean el próximo año.
Imagen del encuentro entre el Ministerio de Justicia, con el ministro Rafael Catalá al frente, y los representantes de las cuatro asociaciones judiciales.
Medidas de presión
Desde Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), han asegurado que no descartarían «acudir a medidas de presión» como la huelga si el Ministerio de Justicia no cumple con los compromisos adquiridos con ellos acerca de la mejora de la administración de la Justicia y de la independencia judicial.
El portavoz de AJFV ha resaltado que estarían en toda la «legitimidad» para acordar esta medida si el Ministerio de Justicia no sigue los plazos marcados, porque eso significaría que está incumpliendo un «contrato». Y ha recordado que en Portugal, los jueces van a hacer una huelga en agosto porque «en esa fecha se celebran elecciones autárquicas, que son las elecciones municipales. Y paralizar unas elecciones significa mucho».
La APM y JJPD lo descartan, de momento, porque «acaban de iniciar un proceso de negociación» y, resaltan que es un asunto que no se ha abordado en la reunión con el Ministerio. Ahora «el objetivo es conseguir que se logren las mejoras». «No se trata de poner el carro antes de los bueyes».
Elección de Alejandro Luzón
Desde la APM y JJPD «han reconocido la experiencia de Alejandro Luzón en Anticorrupción», . Almenar ha resaltado que «a título personal tengo las mejores referencias de Alejandro como profesional y como persona».
González Vega ha subrayado que Luzón es «muy respetado» en la carrera fiscal y que no se puede criticar su labor en esta fiscalía especializada, ya que lleva en ella desde su creación en la década de los 90.
Como viene siendo habitual, ni FJI ni la AJFV han querido valorar el nombramiento «porque nunca valoran los nombramientos que no sean de la carrera judicial».
El Ministerio ya ha adelantado algunas medidas
Según ha informado el Ministerio de Justicia en un comunicado, Catalá ha anunciado a las asociaciones que la semana que viene se registrará en el Congreso una iniciativa por la que se modificarán los días de vacaciones de jueces y fiscales y que permitirá a los jueces disfrutar de cuatro semanas de permiso de paternidad.
También se ha comprometido el ministro a mejorar los sistemas y aplicaciones informáticas que faciliten el trabajo diario de los jueces, a la creación de nuevos órganos judiciales y ha anunciado la convocatoria de 100 plazas a jueces y fiscales y el incremento del 1 % de la retribución al personal de Justicia.
Según las asociaciones judiciales, la semana próxima se convocarán las oposiciones a las carreras judicial y fiscal (100 plazas). El primer examen o test se prevé para el mes de octubre y el primer examen oral para noviembre.
Además, en el mes de septiembre se aprobará y publicará el Decreto de creación de unidades judiciales, con una previsión de 80/90 plazas, mayoritariamente de órganos unipersonales.
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