La Unión General de Trabajadores (UGT) reclama un pacto de Estado por la Justicia en el que participen organizaciones políticas, sindicatos y Gobierno que garantice un sistema independiente, sostenible y eficiente, «que asegure una respuesta, en tiempos, razonable manteniendo los niveles de excelencia que los ciudadanos merecen».
Con ello se conseguiría evitar la «actual dilación» en la respuesta judicial que tiene mucho que ver con la «insuficiencia» de recursos y con la «ineficiente» organización judicial.
Subraya que «Se ha producido un importante deterioro del sistema desde hace unos años que ha supuesto el recorte y la merma de derechos fundamentales para los ciudadanos», y por ello apela al «consenso» entre las partes para sacar adelante este futuro pacto.
«El sindicato reclama como elementos fundamentales de ese pacto una mayor independencia de la acción judicial, financiación suficiente para situarnos en la media europea, igualdad judicial para todos y una mejor organización judicial, adaptándola a las necesidades del siglo XXI».
Igualmente expone que la reforma debería garantizar como elementos fundamentales el refuerzo de la acción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el fin de que se convierta en el «principal defensor» de los denunciantes de corrupción y una financiación suficiente para conseguir juzgados y tribunales suficientemente dotados y resolutivos.
Crear 150 plazas de jueces, al menos, en los próximos 4 años
En este sentido, desde UGT recuerdan que la modernización de la Justicia pasa también por incrementar el número de jueces creando, al menos, 150 plazas en cada uno de los próximos cuatro años, según UGT que advierte de que España está por debajo de la media europea. Además proponen una mayor cooperación entre juzgados y tribunales nacionales con los comunitarios; en particular el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
«UGT reclama un sistema procesal que evite la generalizada convicción de que se trata de forma diversa a unos ciudadanos que a otros. Para ello, hay que defender la jurisdicción como garantía de los ciudadanos», añade y pide que el pacto reclame que los acuerdos comerciales, como el TTIP o el CETA, renuncien a la posibilidad de control jurisdiccional de los litigios transfronterizos.
Mejor organización judicial
El sindicato sostienen que los problemas de la administración de justicia provienen, también, de una inadecuada organización. Con un «obsoleto» sistema basado en órganos individuales, separados entre sí y que se comunican mediante formularios y por ello propone que el Tribunal Supremo homogenice el tamaño de las Salas.
En el caso de órganos unipersonales, debe tenderse a la implantación de un sistema de tribunales de instancia que facilite la actividad judicial, siempre respetando las exigencias de independencia e inamovilidad.
El sindicato entiende también que las atribuciones de la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia deben incrementarse. (CONFILEGAL/EP)
