Imagen de la campaña "Proteger a nuestros hijos no es delito", para exigir que se permita a las madres proteger a sus hijos.
Exigen cambios legales para proteger a los menores afectados por la violencia de género
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12/9/2017 15:05
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Actualizado: 02/8/2018 13:50
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Bajo el lema «Proteger a nuestros hijos no es delito«, decenas de personas se han concentrado hoy frente al Ministerio de Justicia en Madrid para pedir cambios en la Ley Integral de Violencia de Género (LIVG) para «evitar que se retire de forma injusta a mujeres maltratadas la custodia de sus hijos».
Ha sido el primer acto reivindicativo de una serie de protestas que mujeres y familias afectadas pretenden desarrollar en el marco de un movimiento internacional en el que participan 15 países, entre los que se encuentra España, Francia, Estados Unidos e Italia.
En España, la convocatoria se ha desarrollado bajo el hastag #protegeranuestroshijosnoesdelito.
Judith Martínez Velasco, presidenta de «Stop Impunidad Maltrato Infantil de Cataluña (SIMICAT), asociación convocante del acto junto al colectivo «Doble Victimización», explicaba que «desde hace años se retiran miles de niños y niñas de sus madres para ser entregados a maltratadores en pro de una revinculación con los padres».
Según su denuncia, en muchos casos «estos niños son arrancados de sus hogares para pasar a ser tutelados en centros de menores, gestionados por empresas privadas en su mayoría, que reciben subvenciones de una media de 5.000 euros mensuales».
Los colectivos afectados consideran que el Pacto de Estado suscrito en julio por los grupos políticos «no contempla ni resuelve estas situaciones y no es suficiente para proteger a las mujeres que han perdido la custodia y a sus hijos».
Por ello, solicitan la suspensión del régimen de visitas «ante el mínimo indicio de malos tratos» y denuncian que se están entregando «custodias individuales a progenitores con sentencias condenatorias de malos tratos y se están imponiendo custodias compartidas desde los Juzgados de Familia y de Violencia de Género«.
En este sentido, han demandado que «cuando exista un expediente en Juzgados de lo Penal, se suspenda cautelarmente cualquier proceso iniciado en los de Familia y Violencia de Género, mientras no se dicte sentencia penal».
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