El Gobierno pidió ayer al Congreso de los Diputados la tramitación urgente del Proyecto de Ley sobre el reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea para mejorar un sistema general entre los Estados miembros de obtención de pruebas en los casos penales que tengan una dimensión transfronteriza.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, enmarcó esta iniciativa en la búsqueda de instrumentos que hagan eficaces los mecanismos de cooperación entre los jueces y fiscales de los países de una Unión Europea «basada en la confianza» entre los estados miembros.
Catalá explicó que la situación actual en este ámbito es muy heterogénea y que la directiva europea que se traspone con este proyecto de ley busca homogeneizarla. El objetivo es que los jueces y fiscales de cualquier estado miembro puedan solicitar la realización de pruebas de investigación -como entradas domiciliarias, grabaciones, accesos a bases de datos o reconocimientos- en otro estado mediante un sistema simplificado en el que el soporte documental se transmita electrónicamente.
Además, si ahora cada juez tiene que relacionarse con el juez del lugar donde se tiene que llevar a cabo la prueba, el proyecto de ley establece que será el Ministerio Fiscal quien reciba todas las órdenes europeas de investigación y las dirija al juez y al fiscal competentes.
El titular de Justicia expresó su confianza en que el proyecto, que el Consejo de Ministros ha solicitado al Congreso de los Diputados que se tramite por el procedimiento de urgencia, esté aprobado en los próximos meses. Este proyecto de Ley modifica la normativa al introducir al ordenamiento jurídico español las disposiciones de la Directiva comunitaria 2014 relativa a la Orden Europea de Investigación en materia penal.
Se basa en la consolidación de un único instrumento válido para la cooperación judicial de carácter penal entre los Estados miembros.
De este modo, las funciones que la legislación procesal penal atribuye en España tanto a jueces como fiscales serán totalmente compatibles.
La Fiscalía realizará un control de legalidad de todas las Oficinas Europeas recibidas, con lo que se centraliza un procedimiento que facilitará enormemente el diálogo entre las autoridades extranjeras y las españolas.
La nueva normativa introduce que serán el Ministerio Público que se encargue de practica las diligencias oportunas solicitadas por cualquier autoridad judicial europea en comisiones rogatorias.
REFORMA DE OTRAS LEYES
Por otro lado, en este Proyecto de Ley también se han introducido mejoras concretas, por lo que ha sido necesario reformar otras tres leyes: la de Enjuiciamiento Civil, la de Asistencia Jurídica Gratuita y una Directiva comunitaria del 20 de abril de 2015 sobre las medidas de coordinación y cooperación.
Con respecto a la primera de ellas, se ha ajustado el ordenamiento español a la aplicación del reglamento europeo de rendición de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil.
En cuanto a la ley relativa al Turno de Oficio, se ha adecuado a otra directiva comunitaria para prever la posibilidad de solicitar, en casos justificados, la sustitución del letrado asignado, así como para poder ejercer el derecho de ser asistido por un abogado en un juicio por delito leve.
Por último, se traspone la Directiva sobre coordinación y cooperación para facilitar la protección consular de ciudadanos de la Unión Europea no representados en terceros países. EP.
