Un juez investiga más de 230 denuncias contra los policías que actuaron en Barcelona el 1-O
Un juez acumula más de 230 denuncias presentadas por supuestos afectados de la operación policial desplegada por la Policía Nacional y de la Guardia Civil durante el operativo contra referéndum de independencia del 1 de octubre en varios colegios de la ciudad de Barcelona.
En un auto –en el que rechaza la petición del fiscal de que se ofrezcan acciones penales sólo a quienes presentaron denuncia–, el titular del Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona contabiliza que hasta la fecha «existen más de 230 denuncias presentadas y unos 50 partes de lesiones no denunciados de momento», por lo que les ofrecerán la posibilidad de emprender acciones.
Lo hace, según su escrito por dos motivos, por «economía procesal», para conocer si todas las personas afectadas desean denunciar los hechos y porque «La presentación de nuevas denuncias, una vez resueltas las inicialmente presentadas, supondría una duplicidad de actuaciones, declaraciones e incluso vistas, que debe ser evitada».
En su escrito, el juez detalla que el artículo 147 del Código Penal, sobre el delito de lesiones, es «claro» al determinar que en los casos en que las lesiones no requieren tratamiento médico o quirúrgico únicamente son perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada.
El juez abrió la investigación por las cargas policiales tras admitir a trámite una denuncia de la Generalitat al considerar que en una misma mañana hubo disturbios y lesionados en al menos 17 lugares distintos de la ciudad y que debe indagarse si se perturbó la convivencia por culpa de los agentes, de los manifestantes o por una combinación de ambos.
El juez, que estaba de guardia durante la jornada del referéndum del 1-O, ha pedido recientemente en una providencia que la Policía Nacional identifique a los agentes que actuaron en cada una de las intervenciones que llevaron a cabo para impedir la votación, que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.
Se opuso también a la pretensión del fiscal de reducir la causa a los hechos sucedidos en un colegio –la Escola Infant de Jesús– porque debe determinarse «con la claridad que sea posible cómo se desarrollaron los acontecimientos y cuál fue la concreta actuación de los agentes y los ciudadanos que allí se encontraban». (EP)
