La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunida en Cádiz, ha decidido asignar a la jueza sustituta María Eulalia Chanfreut a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción 1 y 2 de Barbate, con el fin de reforzar la jurisdicción penal y agilizar el trámite de las macrocausas, especialmente la que investiga la muerte de dos guardias civiles atacados por una narcolancha el 9 de febrero.
Esta medida, respaldada económicamente por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, tiene una duración inicial de seis meses, con posibilidad de renovación.
Vicente Guilarte, presidente del CGPJ, ha explicado que el órgano de gobierno de jueces y magistrados se ha desplazado hoy a Cádiz para «escuchar» a los jueces de Cádiz y Huelva que trabajan en la zona y «tratar de ayudar» a afrontar el problema del narcotráfico en esta zona, un problema que hace que los juzgados de estas provincias tengan una carga de trabajo que «supera la media exigible».
En este sentido, Guilarte ha insistido en la necesidad de renovar el CGPJ como «fórmula inmediata y necesaria» también de afrontar la problemática de la lucha contra el narcotráfico en el sur de España
Igualmente, la Inspección ha elaborado un estudio sobre la situación en los partidos judiciales de las provincias de Cádiz y de Huelva más afectados por el narcotráfico del que los miembros de la Permanente han dado cuenta este jueves a los presidentes de ambas Audiencias y a los jueces decanos de la zona.
La carga de trabajo supera los estándares
Este informe revela una carga de trabajo global (civil y penal) que supera ampliamente los estándares, con una media global de un 139% en 2022 y de un 134,2% en 2023, y un rendimiento promedio de los juzgados de un 174% en 2022 y de un 172,6% en 2023.
La pendencia es notablemente alta tanto en materia civil como penal, superando las medias nacionales.
Para abordar estos desafíos, el informe sugiere la unificación de varios partidos judiciales, la creación de nuevos juzgados en Moguer y Sanlúcar de Barrameda, y la implementación de refuerzos extraordinarios en ciertos juzgados.
También propone la creación de una nueva sección penal en la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras, debido a la elevada carga de trabajo y pendencia en delitos contra la salud pública y de blanqueo de capitales.
Complejidad de las causas
El informe sobre la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales destaca las dificultades inherentes a estas investigaciones, como las complicadas diligencias judiciales y el gran número de involucrados y testigos.
Las primeras se refieren esencialmente al contenido de las diligencias acordadas judicialmente y su control posterior (intervenciones telefónicas, registros, incautación de efectos, medidas cautelares de carácter patrimonial, pruebas periciales contables, etc.).
El elevado número de investigados es consecuencia de la presencia de organizaciones criminales con estructuras propias y la toma de declaración a estos ocupa un tiempo muy considerable en la práctica judicial diaria.
Además, señala la necesidad de contar con mayores recursos humanos y técnicos, mejor coordinación con las fuerzas de seguridad, y soluciones a problemas específicos como la falta de infraestructura adecuada y retrasos en procedimientos legales y técnicos.
Propone reformas legislativas
Igualmente, propone reformas legislativas para agilizar los procesos. Sugiere modificar ley Orgánica del Poder Judicial, concretamente el artículo 65.1ºd), para que ciertos delitos de narcotráfico de especial gravedad sean competencia de la Audiencia Nacional sin que sea requisito que afecten a varias provincias.
También recomienda cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar el recurso de reforma y limitar los recursos que dilatan los procedimientos, concentrándolos al final de la instrucción, excepto en casos que afecten directamente a los investigados o a pruebas preconstituidas.
