Las Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) –dos de las cuatro asociaciones judiciales existentes- han contestado a la afirmación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la existencia de «lawfare», lo que consideran que socava la legitimidad del sistema judicial a ojos del público, al presentar las decisiones judiciales como si estuvieran motivadas políticamente.
«Ello no se corresponde con la realidad, tal y como señalamos las cuatro asociaciones judiciales hace unos meses en un comunicado conjunto: los jueces actuamos sometidos únicamente a la Ley, no a consignas políticas, y solo los intereses partidistas de unos y otros convierten en ‘política’ las resoluciones judiciales que les son desfavorables», afirman ambas asociaciones judiciales en un comunicado conjunto.
Y añaden: «La falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha transmitido a la ciudadanía una percepción errónea sobre el funcionamiento de la Justicia: la actividad diaria de los juzgados y tribunales, solo dedicada a resolver los litigios que afectan a la ciudadanía, es ajena a esas luchas de poder por controlar el órgano de gobierno de los jueces».
A SÁNCHEZ: LOS ÚNICOS RESPONSABLES SON EL PSOE Y EL PP
Los únicos responsables de esta situación son los partidos políticos con representación parlamentaria –el PSOE de Sánchez y el PP de Alberto Núñez Feijóo, aunque no los nombran–.
Son incapaces de alcanzar un acuerdo al respecto, por una parte, y, por otra, apuntan al poder judicial como responsable y polarizado hasta el encono una situación de la que resulta imprescindible salir para que la estabilidad democrática del país no sea puesta en riesgo.
La AJFV y FJI proponen medidas clave para regenerar democráticamente el sistema judicial, como permitir que los miembros de la carrera judicial participen en la elección de su órgano de gobierno y objetivar los nombramientos de altos cargos judiciales mediante criterios establecidos por ley.
Argumentan que estas reformas alejarían la política del poder judicial y fortalecerían la seguridad jurídica.
Además, advierten contra las reformas que reduzcan las mayorías necesarias para renovar el CGPJ, argumentando que esto debilitaría la separación de poderes y aumentaría la politización judicial, contradiciendo los principios democráticos y las exigencias de la Constitución y el Tribunal Constitucional.
«Rebajar esas mayorías supondría facilitar los acuerdos de mínimos en vez de los grandes consensos propios de las instituciones democráticas. Ello permitiría que un único partido (o una coalición de ellos) tenga en su mano, además del poder legislativo y el ejecutivo, el gobierno del poder judicial. Dicho de otro modo, no solo incrementaría la politización del órgano de gobierno de los jueces y, por ende, la de los jueces que este nombra discrecionalmente, sino que supondría un importante retroceso en separación de poderes», subrayan.
No es posible restaurar la democracia ni combatir la politización de la justicia mediante acciones que, a su vez, incrementen la politización. Un poder judicial independiente y libre de influencias políticas es fundamental para asegurar un Estado Democrático de Derecho, protegiendo así las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos contra abusos de poder, concluyen.
