El abogado español del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas -exdecano del Colegio de Abogados de Barcelona- considera que el auto del magistrado instructor del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, sobre las causas que afectan al gobierno autonómico catalán cesado; al expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, y al líder de Òmnium, Jordi Cuixart, son «especialmente preocupantes» porque hablan de un escenario de violencia.
«Está validando el requisito de violencia, que no concurre de ninguna forma, y eso quiere decir que, aunque algunos han salido de forma provisional en libertad, el proceso que viene de aquí a dos años o dos y medio hará que se enfrenten a penas brutales» de cárcel, ha lamentado este martes en una entrevista de TV3.
Los delitos que el Supremo les imputa son los de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, que podrían sumar hasta 30 años de cárcel.
Alonso-Cuevillas, que también defiende a Lluís Puig y Clara Ponsatí -fugados a Bruselas con Puigdemont- ha tachado de gravísima la valoración de Llarena porque atribuye a los procesados una estrategia de manipulación social: «Dos millones de catalanes abducidos por unas personas que dice que son las que deciden lo que debemos pensar», ha criticado, sin referirse al documento «EnfoCATS», donde figura la hoja de ruta a la independencia diseñada por los separatitas y que fue incautado en el registro al domicilio de la mano derecha de Oriol Junqueras, Josep María Jové.
SISTEMA GARANTISTA
Alonso-Cuevilas ha reconocido que el sistema jurídico español es más garantista que el belga, pero ha asegurado que en «la práctica estas leyes tan garantistas no se cumplen», y ha puesto como ejemplo que los exmiembros del gobierno autonómico fueron citados con poco margen y que la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, prestó poca atención a los acusados y estaba pendiente de su móvil, ha afirmado.
El exdecano del Colegio de Abogados barcelonés no hizo referencia al consejo que dio a los imputados de no responder a las preguntas del Ministerio Fiscal, durante el interrogatorio, lo que, al final, fue determinante para que la magistrada decretara su internamiento preventivo en prisión.
Asimismo, Alonso-Cuevillas ha loado el «hermetismo absoluto» de la justicia belga, ya que no se ha publicado el nombre del magistrado que decide sobre la euroorden que afecta a Puigdemont y a los cuatro exconsellers huidos , y porque la policía los llevó este lunes al Tribunal de primera instancia de Bruselas en coche para evitar las cámaras.
PUIGDEMONT NO PUEDE VIAJAR A CATALUNYA
El letrado, que asistió a la vista con el juez que debe decidir sobre la entrega a España de Puigdemont y de los cuatro exconsellers, ha relatado que el candidato de JuntsxCat no podrá viajar a Cataluña mientras dure la tramitación de la euroorden -por tanto durante la campaña electoral catalana- porque «está sujeto a las autoridades belgas» y no puede salir del país.
Según ha explicado, si el juez decide devolverlo a España sólo podrá ser juzgado por los presuntos delitos que estime el magistrado belga al regir «el principio de especialidad» en este tipo de procesos, uno de ellos malversación de fondos públicos. Los otros dos son rebelión y sedición. EP.
