El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declaró ayer que sería «absurdo» convertirse en presidente de la Generalitat viviendo en el extranjero, y «mucho más absurdo» tratar de ejercer la Presidencia, en referencia a la pretensión del fugado expresidente Carles Puigdemont.
«Figúrese que yo estuviera en Lisboa», ironizó, apelando a «actuar con sensatez y sentido común».
El jefe del Ejecutivo también manifestó que, aunque está claro que cualquiera puede ser candidato salvo sentencia firme de inhabilitación, él no habría elegido como cabeza de cartel de su partido a alguien que está «fugado de la Justicia española».
Rajoy se expresó así en la rueda de prensa convocada en el Palacio de la Moncloa para hacer balance de 2017, un balance que, según dijo, considera positivo por la recuperación económica, pese a la «grave crisis política» desencadenada por el intento de secesión en Cataluña.
Según el presidente del Gobierno, esta situación es la única sombra que se cierne sobre la economía y que, si se resuelve, en 2018 podrán volver a crearse 500.000 puestos de trabajo, conforme a las previsiones iniciales del Gobierno.
PARLAMENT CONSTITUIDO EL 17 DE ENERO
El jefe del Ejecutivo avanzó además que convocará la sesión constitutiva del Parlamento catalán para el 17 de enero, después de haberlo hablado con los grupos políticos.
Además, señaló que «lo normal es que en un plazo de 10 días se celebre la sesión de investidura si hay candidato».
Según aclaró, lo que quiere es que se termine una situación que «genera mucha incertidumbre y ha hecho mucho daño a Cataluña desde todos los puntos de vista».
Rajoy confirmó que, en la reunión que mantuvo este jueves con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, no habló de si su candidata en Cataluña, Inés Arrimadas, debe intentar o no ser investida, porque considera que Rivera y su partido «son absolutamente autónomos para tomar las decisiones les parezca bien».
Lo que hizo que hizo fue exponerle la situación actual y los planes del Gobierno para 2018, incluido el capítulo de los Presupuestos, y hacer un repaso general en una reunión que calificó de «muy grata» y «parte de la normalidad democrática».
REUNIONES CON OTROS LÍDERES EN 2018
Preguntado si tendría reuniones con el líder socialista, Pedro Sánchez, y con el de Podemos, Pablo Iglesias, Rajoy dijo tener una «comunicación bastante fluida» con ellos, aunque no todas las reuniones se cuenten. Añadió que habrá más reuniones a principios de año para hablar de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) o cualquier otro asunto.
En cuanto a si estará dispuesto a hablar con quien quiera que sea el próximo presidente de la Generalitat, respondió que, por el momento, no se sabe qué va a pasar ni quiénes serán «los candidatos que decidirán los partidos que tienen posibilidades».
Eso sí, aclaró que el próximo Gobierno catalán, «sea el que sea», debe presentar sus prioridades dentro de la ley, y que «no caben más apelaciones a la ruptura o a la ilegalidad porque la ley no lo permitirá». Y además, que «tampoco pueden alegar el apoyo mayoritario de la sociedad para mantenerse en esa deriva que se ha demostrado tan perniciosa».
El próximo Govern, afirmó, debe ser capaz de «dialogar y entenderse con todos los catalanes, no con una mitad, y con el resto de España».
Para Rajoy, lo importante es que «cuanto antes» haya un Gobierno catalán «dedicado a revertir los grandes efectos económicos y sociales» que ha generado el independentismo, especialmente el grave deterioro económico.
En ese escenario, señaló que el Ejecutivo central quiere «ofrecer toda su colaboración y toda su mejor voluntad de diálogo constructivo, abierto y realista» al Gobierno catalán se cree para resolver los problemas de los ciudadanos.
«Espero que se abra una etapa basada en el diálogo y no en el enfrentamiento, en la cooperación y no en la imposición, en la pluralidad y no en la unilateralidad», reclamó.
Para Rajoy, el principal efecto de la aplicación del artículo 155 de la Constitución ha sido, precisamente, que «ante un ataque a la Constitución y a la unidad nacional» éstas tiene instrumentos para defenderse.
De hecho, argumentó que ante «el mayor ataque» que ha sufrido la Constitución española, se ha «aplicado la ley» para defender la convivencia. EP.
