La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras conocer las las pintadas realizadas por el colectivo Arran, vinculado a la CUP, en las inmediaciones de la casa que el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, tiene en la localidad gerundense de Das, ha hecho público un comunicado en el que advierte que las considera una «manifiesta coacción contra el magistrado y su familia».
Son pintadas que «atentan contra el ejercicio de sus funciones, que tiene encomendadas como miembro y servidor del Poder Judicial».
El magistrado Llarena es el autor del auto de procesamiento contra los 25 responsables del «procés», entre los que se encuentran Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, exvicepresidente, los consejeros de ese gobierno autonómico, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, los miembros de la Mesa, y los presidentes de ANC y Ómnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, por delitos que van de la rebelión, la malversación de fondos y la desobediencia.
Entre los procesados se encuentran las exdiputadas de la CUP, Anna Gabriel (en rebeldía) y Mireia Boya.
Se da la circunstancia, además, de que esta mañana ha sido detenido en Alemania Puigdemont, cuando regresaba de Finlandia por carretera, vía Dinamarca, para el que ya se ha solicitado su entrega mediante una euroorden.
ACTUACIONES SIMILARES CONTRA SEDES JUDICIALES
La Permanente, que se reunió esta tarde de urgencia, recuerda que se han producido actuaciones similares en las sedes judiciales de diversas localidades de Cataluña.
Por ello, avanza que «amparará y defenderá la independencia del Poder Judicial y de quienes lo ejercen en Cataluña».
El máximo órgano entre plenos mensuales, relata, asimismo, que ha informado de estos hechos al Ministerio del Interior, para que proteja a Llarena, a su familia y a los jueces y magistrados de Cataluña, que ha hecho lo mismo con la Fiscalía General del Estado para que investigue los delitos que se pudieran haber cometido.
Por último, la Permanente hace «una llamada a la sensatez y la calma a la ciudadanía en Cataluña para que cualquier discrepancia que mantenga con el contenido de las resoluciones judiciales se exprese por cauces civilizados y dentro de la Ley, en la convicción de que solo en la Ley y con respeto a la Ley es posible expresar la discrepancia».
La declaración ha sido aprobada con los votos a favor del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y de los vocales Fernando Grande-Marlaska, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Rafael Mozo, José María Macías y Pilar Sepúlveda.
La vocal Concepción Sáez ha votado en contra.
No es la primera vez que se produce este tipo de acoso. El año pasado el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, también sufrió este tipo de acoso, así como la entonces fiscal jefe de Barcelona, Ana María Magali.
