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El Defensor del Pueblo denuncia el colapso del Registro Civil y los importantes problemas de la Justicia

Registro Civil de Pamplona. Diario de Navarra.
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El mal funcionamiento de los servicio públicos, las dilaciones de nuestra justicia o el colapso del Registro Civil forman parte del Informe Anual sobre el 2017 que el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, presentaba este martes  ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo en el Senado.

El año pasado se tramitaron 25.776 expedientes de los cuáles 8.158 estuvieron relacionados con el mal funcionamiento de los servicios públicos. Además, se formularon 2.388 resoluciones, 567 más que en 2016, para corregir actuaciones de la Administración.

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Durante su intervención, el Defensor ha asegurado que “los efectos derivados de la crisis económica que hemos padecido, y especialmente su impacto en el ámbito de los derechos sociales, tienen un claro reflejo en muchas de las quejas formuladas por los ciudadanos en 2017”.

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Fernández Marugán ha realizado un repaso de las principales actuaciones llevadas a cabo por la Institución durante el año pasado.

En cuanto a servicios públicos, el Defensor del Pueblo recibió 8.158 quejas relacionadas con el mal funcionamiento de los servicios públicos. La Institución tramitó con las administraciones asuntos relacionados con las dilaciones indebidas en los procedimientos judiciales por falta de medios personales y materiales.

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Junto a ello otras cuestiones como el continuado retraso en la tramitación de las solicitudes de nacionalidad en el Registro Civil; las abultadas listas de espera sanitaria; la saturación de los servicios de urgencia en los hospitales; y la lentitud para obtener el permiso de conducir, el DNI y el pasaporte.

Colapso del Registro Civil

Fernández Marugán aseguró  que las quejas recibidas “permiten detectar importantes problemas de la Justicia como servicio público”. Así, destacó que un año más continúan detectándose las dilaciones indebidas que ponen de manifiesto que no se ha conseguido “la justicia rápida que los ciudadanos demandan”. Además, se han recibido quejas por los fallos informáticos de la Administración de Justicia que causan problemas a ciudadanos y profesionales.

El Defensor también denunció el colapso del Registro Civil. En 2017 llegaron a la Institución 893 quejas sobre este tema, la mayoría de personas que intentaban adquirir la nacionalidad española por residencia.

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Momento de la intervención de Fernández Marugan en Comisión Mixta de Defensor del Pueblo.

Fernández Marugán recordó  que la Institución lleva años denunciando esta situación y ha pedido a la Administración que intervengade manera urgente para solucionar la situación de las más de 400.000 personas que tienen pendientes de resolución sus solicitudes de nacionalidad por residencia.

Durante su comparecencia, el Defensor también ha señalado que los asuntos relacionados con la sanidad, la vivienda, la educación y la política social fueron objeto de casi 3.000 quejas.

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En materia sanitaria, Fernández Marugán ha destacado que la falta de medios personales y materiales, los inadecuados criterios de organización o las carencias en edificios e infraestructuras sanitarias, siguen generando numerosas quejas. Asimismo, ha insistido en la necesidad de cambiar el actual modelo de copago farmacéutico para ampliar la protección de los colectivos vulnerables y garantizar que estas personas puedan acceder a los medicamentos que precisan.

Por lo que respecta al problema de la vivienda, el Defensor subrayó  que entre 2008 y 2017 se registraron alrededor de 600.000 ejecuciones hipotecarias.  Además, ha señalado que existen muchos hogares en España para quienes “el alquiler no es una opción sino una necesidad y la única vía posible para acceder a una vivienda”.

Sin embargo, la subida experimentada por el precio de los alquileres hace que la vivienda sea inaccesible para muchas personas, también los jóvenes.

Ante esta situación, Fernández Marugán ha asegurado que “es urgente formular una oferta política a favor del alquiler social para que los colectivos más desfavorecidos, así como la juventud, pueda emanciparse y construir un proyecto de vida propio y autónomo”.

En cuanto a la educación, en 2017 se recibieron casi 1.100 quejas sobre esta materia. El Defensor ha lamentado la dificultad para alcanzar un Pacto de Estado Social y Político que “dote a nuestro sistema educativo de la estabilidad que viene precisando desde hace tanto tiempo”.

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A juicio de la Institución, la severidad con que la crisis económica ha afectado a las familias hace más necesario potenciar y mejorar las medidas compensatorias que garanticen la gratuidad y la accesibilidad a la educación en los niveles obligatorios y la igualdad de oportunidades en los post obligatorios y en la educación superior.

El Defensor ha lamentado la dificultad para alcanzar un Pacto de Estado Social y Político que “dote a nuestro sistema educativo de la estabilidad que viene precisando desde hace tanto tiempo.

Necesidad puesta en marcha Pacto Estado contra Violencia Machista

La violencia machista preocupa especialmente al Defensor del Pueblo, que en 2017 centró  sus esfuerzos en reclamar un doble enfoque, de género e infancia, a la hora de luchar contra esta lacra. Durante su intervención ha vuelto a asegurar que “un maltratador nunca puede ser un buen padre”.

Fernández Marugán apuntó que recibió “con satisfacción” la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El Defensor espera que las medidas del Pacto comiencen a plasmarse en cambios normativos y nuevas prácticas que sirvan “para defender a todas las víctimas lo antes posible”.

El Defensor denuncia que no se han producido avances significativos en la aprobación del nuevo Baremo de valoración de la discapacidad, pieza fundamental para acceder a la protección social dispensada por las administraciones públicas”.

Dependencia y parados de larga duración

Por lo que respecta a la política social, el Defensor explicó  que el año pasado la cuestión que más quejas generó fue la excesiva demora en la tramitación de los procedimientos administrativos en materia de dependencia en todas sus vertientes.

A la Institución le preocupa especialmente la situación de los parados de larga duración ypermanece atenta a la revisión de los programas de ayuda que se han aplicado en los años de crisis.

Por eso, el Defensor ha enfatizado que “la lucha contra la precariedad laboral y por la estabilidad en el empleo es ineludible para conseguir la creación de empleo digno que disminuya la brecha de desigualdad” y ha abogado por mantener medidas específicas de atención dirigidas a favorecer la empleabilidad de jóvenes y de parados mayores de 55 años.

Fernández Marugan advierte que las quejas de colectivos vulnerables como el de mayores se han incrementado.

Colectivos vulnerables

El Defensor explicó  que se han incrementado las quejas relacionadas con los mayores. La mayoría ponen de manifiesto la dificultad para acceder al servicio asistencial ya reconocido y aprobado, en especial a las plazas residenciales.

Fernández Marugán aseguró que las quejas y los datos estadísticos ponen de relieve que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia no tiene capacidad para incorporar en un plazo razonable a las casi 300.000 personas reconocidas como dependientes pero sin prestación aprobada. También ha alertado sobre la demora en la valoración del grado de dependencia que se produce en algunas comunidades autónomas.

Además, destacó  que personas con su situación de dependencia ya valorada y con su prestación reconocida no la reciben y ha hecho hincapié en la “magnitud de las listas de espera” para acceder a centros de día y residencias. El Defensor ha subrayado que para llegar a la plena atención y mantener únicamente la espera para las personas en proceso de valoración hay que mejorar la financiación del sistema, incrementando el gasto de forma notable.

Fernández Marugán también ha destacado que se han intensificado las quejas relativas al funcionamiento de las residencias y a la calidad de la atención que reciben los mayores en ellas. En 2017 la Institución ha iniciado actuaciones de oficio con todas las comunidades autónomas para conocer las características y la dotación de los recursos residenciales para mayores y detectar las dificultades existentes para que estos ciudadanos accedan a servicios adecuados a sus necesidades.

Menores y educación inclusiva

Otro colectivo vulnerable que preocupa especialmente a la Institución son los menores. En el caso de los niños y niñas con discapacidad que tienen derecho a una educación inclusiva, la Institución ha seguido trabajando para que se efectúen ajustes razonables que permitan a estos menores ser admitidos en escuelas ordinarias y que se articulen medidas de apoyo personalizadas y efectivas que fomenten su máximo desarrollo académico.

Las personas con discapacidad acuden a la Institución por muy diversos motivos. El Defensor ha querido denunciar que no se han producido avances significativos en la aprobación del nuevo Baremo de valoración de la discapacidad, que en su opinión, “es una pieza fundamental para acceder a la protección social dispensada por las administraciones públicas”.

Fernández Marugán ha asegurado que tampoco se ha avanzado en la aprobación reglamentaria de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad.